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Feijóo: El “espéculo” que Pedro Sánchez utiliza para sabotear a Pablo Casado y a los últimos patriotas del PP

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Sánchez no llama a Casado en 100 días pero sigue las recomendaciones sanitarias de Feijóo

El Gobierno prohibió fumar en las calles 24 horas después de que lo decidiese Galicia. La interlocución con el PP nacional es inexistente.

Con el temor de una segunda ola de coronavirus asomando en el horizonte y una economía cada vez más debilitada, la gestión de la pandemia se vuelve cada vez más complicada. Los datos de contagio, en global y por comunidades autónomas, suben día tras día a medida que los hospitales languidecen de personal y restan el número de camas libres en las UCI.

Este viernes, el Ministerio de Sanidad dio los últimos datos conocidos: 2.987 nuevos positivos registrados en 24 horas, y un acumulado en los siete días anteriores de 4.576.

El mismo día, el Ministerio de Sanidad adoptó la medida de prohibir fumar en la calle y en las terrazas siempre que no se mantuviese la distancia de seguridad. La decisión se tomó 24 horas después de que la Xunta de Galicia tomase la iniciativa y lo impusiese en todo su territorio.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, daba un paso y salía en rueda de prensa para comunicar una medida que dejaba a la hostelería con el pie cambiado. La polémica estaba servida ya que afecta a uno de cada cinco españoles, y epidemiológicamente hay posturas encontradas sobre si es relevante a la hora de transmitir la Covid-19.

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Desde el Ministerio de Sanidad tomaron nota, y 24 horas después, comunicaron que tras una reunión con las comunidades autónomas se adoptó por unanimidad la misma postura para toda España. Cada gobierno regional debía adaptar la medida y aplicarla conforme a su reglamento territorial, pero la decisión estaba tomada.

Con la caída del estado de alarma, la patata caliente pasó a las comunidades autónomas. Desde el 21 de junio son estas las que tienen que tomar las decisiones para controlar el avance de la pandemia. El Gobierno central se ha limitado a seguir atentamente las posturas tomadas por las administraciones regionales, lo que ha provocado que se levanten voces en favor de que vuelva el mando único del presidente, Pedro Sánchez.

Pinza sanitaria

La estrategia prohibitiva cobra especial relevancia dado este contexto. El equipo del ministro de Sanidad, Salvador Illa, esgrimía la iniciativa de Galicia ante el resto de presidentes autonómicos. Como la decisión venía de un territorio gobernado por el PP, otros líderes como Isabel Díaz Ayuso (Madrid) o Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucia) tenían difícil oponerse. La pinza sanitaria daba comienzo.

Dejando a un lado el plano sanitario, Feijóo daba un paso adelante para marcar la agenda política. Y lo que es más, el Ejecutivo de Pedro Sánchez atendía favorablemente una decisión tomada por un barón del Partido Popular al mismo tiempo que se cumplen 100 días sin que hable con el líder de la oposición, Pablo Casado.

Desde el PP se quejan de que el Gobierno no quiere consensuar una hoja de ruta para superar económicamente una crisis que nadie sabe calcular cuál será su magnitud.

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El mensaje es claro: Pedro Sánchez, que carece de relación con Pablo Casado, podría entenderse de alguna manera u otra con el presidente gallego, eterno aspirante a ocupar la presidencia del partido. Seguir la senda de Feijóo, o por lo menos parecerlo, muestra una vez más las dos caras de una misma moneda en el seno de Génova 13. Las dos almas del PP, una más conservadora, otra más moderada, quedan de nuevo reflejadas.

 

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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