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El jefe de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno en Madrid a la juez: «Yo no hubiera autorizado el 8-M»

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El jefe del servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno en Madrid ha ratificado hoy ante la juez del 8-M que el 2 de marzo hizo un envío masivo a todo el personal de la institución de un correo electrónico con un protocolo con medidas de prevención para evitar posibles contagios. Un documento del que José Manuel Franco, delegado del Gobierno, afirmó el pasado miércoles en su declaración judicial -según fuentes jurídicas- no haber tenido conocimiento ese día, pese a que el testigo precisó que también le puso en copia.

El testigo ratificó también que, tal y como declaró a la Guardia Civil, como experto en riesgos laborales y farmacéutico cree que las manifestaciones celebradas en torno al 8 de marzo no se deberían haber celebrado, además de considerar que pudieron tener incidencia en el número de contagios, por lo que le extrañaba que la Delegación del Gobierno no las hubiese suspendido. Sin embargo, hoy ha matizado que esas manifestaciones las hizo “a título personal” y puso de relieve que él no es virólogo, aunque se estuvo documentando previamente respecto al virus.

El autor del informe de prevención de riesgos laborales de la Delegacion, Ramez Muhzrram, aseguró que ese documento, fechado el 28 de febrero, se envió también a través de la red Intranet.

Para elaborarlo, explicó según fuentes jurídicas, «se estuvo documentando desde el primer momento», entre otras fuentes por medio del Ministerio de Política Territorial, y «tuvo muy en cuenta las medidas de distancia social», aunque precisó que respecto al ámbito laboral. Eso sí, admitió que no informó directamente de ese documento al responsable de Seguridad Ciudadana de la Delegación.

El jefe del servicio de Riesgos Laborales dijo a la Guardia Civil el pasado 29 de mayo que conocía las recomendaciones sanitarias que se habían enviado a la Delegación del Gobierno desde principios de febrero y que le constaba la celebración de reuniones internas sobre la situación sanitaria desde mediados de mes. Se refirió, en particular, a un encuentro por videoconferencia desde la «unidad de coordinación» en el que, detalló, participó y durante el cual se abordaron medidas de prevención, entre ellas el distanciamiento social de uno a dos metros.

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Según explicó a la Guardia Civil, el secretario general de la Delegación, Fernando Talavera, revisó el protocolo antes de remitirlo a todos los trabajadores. Además, añadió el testigo, lo puso en conocimiento de la directora de Sanidad y la subdelegada le llamó para preguntarle qué fuentes informativas había consultado para elaborarlo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 continuó ayer con su ronda de testificales y tomó declaración a cinco trabajadores de la Delegación, cuatro de ellos del departamento de Seguridad Ciudadana -que a partir del 11 de marzo se encargaron de llamar a una docena de promotores de concentraciones autorizadas antes del 8-M para instarles a que las desconvocaron por motivos sanitarios- y a diez promotores de protestas previstas para fechas próximas a la concentración feminista.

Algunos de ellos explicaron a la juez que decidieron desconvocarlas, como hizo la Plataforma de Afectados de Fórum y Afinsa el 11 de marzo tras recibir la autorización cinco días antes, o no celebrarlas a la vista de la situación sanitaria y otros, como el sindicato CGT, contaron que recibieron una llamada de la Delegación del Gobierno, entre el 11 y el 12 de marzo, en la que se les trasladó que “era mejor no seguir adelante”. Sus representantes explicaron que no se sintieron presionados y que finalmente optaron por desconvocar las concentraciones, el 12 de marzo en el caso de una protesta contra Amazon y al día siguiente respecto a dos concentraciones que iban a tener lugar en Leganés.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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