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¿El Honor? Ni se divisa: Marlaska coloca como «número tres» de la Guardia Civil a un investigado por acoso laboral y prevaricación

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El nuevo “número 3” de la Guardia Civil, el general de brigada Félix Blázquez, elegido por Marlaska como nuevo Mando de Operaciones tras la salida del teniente general Fernando Santafé, está siendo investigado en un juzgado militar por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la integridad moral. El nuevo nombramiento se produjo hace dos días en el marco del “terremoto” que provocó en la cúpula del instituto armado el cese de Pérez de los Cobos por la investigación del 8-M y las presuntas injerencias de Interior en la Justicia.

Los hechos investigados ocurrieron a finales de 2015 cuando el guardia civil que denuncia llega destinado al Puesto de Llodio (Álava) en la etapa en la que el general Blázquez era máximo responsable de la Guardia Civil en el País Vasco y comenzó a ser sancionado con varios expedientes disciplinarios. Fue el 5 de octubre de 2018 cuando presentó denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Vitoria-Gasteiz, que incoó Diligencias Previas 1399/2018 en el Juzgado de Instrucción 3, el cual se inhibió a favor de la Jurisdicción Militar.

Pérdida de destino laboral y 15.000 euros en sanciones

Según el especialista en Psiquiatría del Hospital Militar de Zaragoza, el Teniente Coronel D. José Carlos Fuertes Rocañín, que emitió un informe el 12 de diciembre de 2017 en el marco de la investigación judicial, “desde su llegada al destino de Llodio se han producido una serie de problemas que a este perito le resultan cuando menos peculiares. El citado Guardia ha sido expedientado en tres ocasiones por unos motivos que nos parecen, por el relato que nos hace el informado, que debería ser investigados de forma más pormenorizada, ya que por lo que se nos relata pudiera ser constitutivo de un presunto acoso laboral. Siendo iniciada su baja por el psicólogo por diagnostico de “personalidad anómala”, aspecto que no constatamos por la exploración hecha ya que lo único que se aprecia es un estado de estrés agudo por la presión laboral y los expedientes disciplinarios abiertos”. Las sanciones por dichos expedientes le han supuesto al guardia la perdida de su destino laboral y sanciones económicas que ascienden a unos 15.000€.

Se le incoaron cuatro expedientes disciplinarios por falta grave -incoados y resueltos con sanciones disciplinarias por el General-, y uno por falta muy grave -incoado por el General y resuelto por el Director General-, todos ellos en el periodo aproximado de junio de 2017 a abril de 2018, en los cuales los mandos, así como en el contexto vivido por el guardia civil, en el Puesto de Llodio y Comandancia de Álava, tuvieron diferente intervención.

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Marlaska cambia al número tres de la Guardia Civil

Y es que, además de Blázquez, están investigados por estos hechos dos Comandantes un Capitán, un Teniente y un cabo 1º. Los delitos cometidos serían prevaricación administrativa (un funcionario o autoridad pública, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo), y el delito contra la integridad moral, (infligir a otra persona un trato degradante, causándole un dolo o sufrimiento físico o psíquico, humillante, vejatorio).

(La Razón)

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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