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La Presidenta Isabel Díaz Ayuso al Gobierno: «Ustedes nos van a arruinar a todos. Va a ser una catástrofe social y económica sin precedentes»

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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha asegurado esta mañana durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que se celebra hoy en el Senado, que entre el Gobierno y las regiones ha habido una «coordinación y colaboración» y un «amplio dispositivo de entendimiento». Además, ha subrayado que en el plan de desescalada se han incorporado medidas propuestas por las autonomías.

 

 

 

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Estas declaraciones contrastan con las críticas de algunas comunidades autónomas del PP ante la falta de comunicación para la puesta en marcha del plan de desescalamiento.

Darias ha reiterado el «elevado grado de consenso, aunque parece otra cosa» en las relaciones que han mantenido durante el estado de alarma los distintos ministerios. En su intervención, ha ido desgranando, ministerio por ministerio, las reuniones y contactos que se han mantenido, cifrándolas en 60.

La ministra ha admitido que «hay mucho ruido, pero tienen que salir voces. El acuerdo y el consenso es más del que se dice, está por encima del ruido, aunque no se oiga».

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se mostró muy crítico con el Gobierno al afirmar que la reunión del Senado es «un fracaso y está devaluada», al no estar presente el presidente del Gobierno. En cuanto a sus videoconferencias con Pedro Sánchez, ha subrayado que su sensación es que nada de lo que se ha propuesto se ha llevado a cabo y que los presidentes autonómicos «no hemos pintado nada».

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«Francamente sola»

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, recordó que 46 días antes de decretarse el estado de alarma en su comunidad ya se había fijado el hospital de referencia y entre enero y febrero empezaron a comprar material.

Miras afirmó que la ausencia de Sánchez es «una falta de respeto» a las comunidades autónomas« y que el plan de desescalada es una »nueva improvisación. Para qué sirven las videoconferencias si no hay respuestas, pide unidad y nos enteramos de las cosas por ruedas de prensa. La lealtad es recíproca y no la hemos visto hasta ahora«.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que su comunidad ha estado «francamente sola» y ha subrayado que «estando tan cerca del Gobierno, físicamente, no hemos podido estar más lejos». Por ello, pidió «una mesa de trabajo» con el Gobierno, al ser Madrid la Comunidad más afectada por su densidad de población.

Sobre las consecuencias de la crisis, alertó de que «nos van a arruinar y va a ser una catástrofe económica y social sin precedentes».

Díaz Ayuso anunció que la celebración del 2 de mayo será un homenaje a los «héroes de esta crisis» y reclamó al Ejecutivo que permita al Ejército y a las Fuerzas Armadas que estén presentes.

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El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió de que ha sido leal con el Gobierno pero que «nos enterábamos de las decisiones del Gobierno por televisión, un día antes de la reunión con el presidente».

«Desconfianza»


El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denunció la «inacción» del Gobierno en las semanas previas a la crisis del coronavirus

Desde el País Vasco, el consejero de Gobernanza Pública, Josu Erkoreka, criticó las medidas del Gobierno y afirmó que «no ha querido dar respuesta al estado autonómico para demostrar su valor» y que «ha rebajado a las comunidades autonómicas a meros entes locales». En este sentido, afirmó que ello demuestra «una desconfianza de que el centralismo es sinónimo de eficacia y que las comunidades autónomas no han llegado a la mayoría de edad» y advirtió de que «ya es hora de ir abandonando el estado de alarma y afrontar con los instrumentos legales ordinarios la última fase. No es bueno que la abusiva gestión del estado de alarma sitúe al estado autonómico en estado de shock».

El vicepresidente y consejero de Presidencia de Galicia, Alfonso Rueda, replicó a la ministra que «las cosas no son como lo que usted ha contado» y denunció que los datos que aporta Galicia no son después los que se dicen en el Gobierno. A su juicio, «no es normal que las comunidades se enteren de lo que va a pasar por las ruedas de prensa. Hay mucho despiste sobre los anuncios de desescalada. La información y la colaboración y no los hechos consumados, es fundamental».

El consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre, incidió también en la falta de acuerdo y afirmó que las medidas tendrían «que haberlo pactado y negociado» y que Andalucía el 27 de enero puso en marcha el grupo de trabajo y el 4 de marzo ya se intervinieron las residencias. El consejero considera que el mando único «no ha sido la solución y en muchas cosas ha sido un desastre».

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«Nadie estaba preparado»


La consejera de Presidencia de Asturias, Rita María Camblor, siguió el argumentario socialista insistiendo en que la pandemia ha sido una «crisis mundial para la que nadie estaba preparado, dígase lo que se quiera decir».

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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