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Casado defiende el “pin parental”: “Saquen sus manos de nuestras familias. Mis hijos son míos y no del Estado”

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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha cargado este viernes contra el Gobierno de coalición por su rechazo al «pin parental» y ha afeado las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, al defender que «los hijos no pertenecen a los padres».

«Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias», ha escrito el líder del PP en su cuenta personal de Twitter.

Casado ha cargado así contra la ministra de Educación por defender que el «pin parental» es contrario al «derecho fundamental y constitucional» de toda persona, «desde su nacimiento», a ser educada. «No podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres», ha añadido en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

El presidente del PP viajará el próximo domingo a Murcia para participar en un acto con alcaldes de toda España bajo el lema «Gobiernos por la libertad» en medio de la polémica por el «pin parental» después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya remitido a la Consejería de Educación de esta región un requerimiento para eliminar este sistema de autorización expresa de los padres para la participación de sus hijos en actividades complementarias.

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En concreto, el Ejecutivo de Sánchez pide a Murcia, región gobernada por PP y Ciudadanos, que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso para que informaran a las familias de las «actividades complementarias» previstas en clase para que decidieran la asistencia de sus hijos.

Desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea, ha defendido que el «pin parental» funciona en la Región de Murcia con «normalidad» desde hace «ocho meses» sin generar «ninguna queja», y ha acusado al PSOE de estar ocupado «abriendo embajadas en el exterior con Torra y Puigdemont» para que «se haya dado cuenta ahora».

Según el número dos del PP, se trata de algo «lógico» y «normal» que forma parte del «compromiso» del PP de «garantizar la libertad de los padres» en cuestiones «morales» impartidas por «personal ajeno» a los centros educativos.

«Vamos a rechazar el adoctrinamiento y apoyar la libertad de los padres para que elegir la formación moral, y por su supuesto, la religiosa», ha dicho este viernes en rueda de prensa tras una reunión con los consejeros de Hacienda del Partido Popular en su sede nacional de Madrid.

Madrid negociará el «pin parental»

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El «pin parental» es una medida que Vox ha exigido a los gobiernos de Andalucía y Murcia, ambos formados por PP y Ciudadanos, para dar su apoyo a los presupuestos de ambas comunidades para 2020. Esta semana, el Ejecutivo murciano ha firmado un acuerdo con la formación de Santiago Abascal que incluye implantar esta medida.

En la Comunidad de Madrid, Vox también ha puesto el «pin parental» como condición para apoyar los presupuestos, algo que rechazó su presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, del PP. «No lo vamos a implantar», dijo en noviembre.

En la rueda de prensa, García Egea ha evitado responder a la pregunta de si la Comunidad de Madrid aceptará el «pin parental» para obtener el apoyo de Vox a los presupuestos autonómicos. Fuentes del PP han explicado que el Gobierno de Ayuso tendrá que negociarlo con la formación de Santiago Abascal.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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