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ERC exige que la Abogacía del Estado pida la nulidad del juicio del 1-O

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La investidura de Pedro Sánchez depende de un «gesto concreto» de la Abogacía del Estado. Este fue el mensaje clave que surgió del congreso de ERC celebrado el sábado, un «gesto concreto» que el partido evitó detallar pero que el vicepresidente de la Generalitat y coordinador general de los republicanos, Pere Aragonès, sí delimitó posteriormente. En este sentido, el movimiento que ERC espera de la Abogacía del Estado es que en su escrito ante el Tribunal Supremo para dar su opinión sobre cómo debe darse cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado jueves, el servicio jurídico del Estado se «aproxime» a las tesis de la defensa de Oriol Junqueras. Y esta no es otra que la de pedir la «nulidad» del juicio, tal y como reclamarán en los próximos días, un paso que iría mucho más allá de lo que ha sostenido hasta ahora.

«Si la Abogacía se aproxima a nuestra defensa, todo esto ayudará a ver que hay una voluntad de abrir camino», apuntó Aragonès en TV3. Para ERC, el «gesto concreto» de la Abogacía serviría para demostrar que el Gobierno de Pedro Sánchez está en la posición de avanzar hacia «una resolución política y no penal del conflicto en Cataluña», una de las condiciones precisamente que exigen los republicanos para abstenterse en la investidura y facilitar así la formación de Gobierno. Oficialmente, las negociaciones entre el PSOE y ERC están «congeladas» por parte independentista a la espera de que los servicios jurídicos del Estado se muevan.

En Esquerra, tampoco lo hizo Aragonès, no se concreta qué grado de «aproximación» a la petición de nulidad que van a hacer sería necesaria. En cualquier caso, sería un salto cualitativo con lo que ya se da por descontado que sí va a hacer la Abogacía, que sería pedir la excarcelación momentánea de Oriol Junqueras para que pudiese acudir a Bruselas a acreditarse como eurodiputado. De hecho, la Abogacía del Estado, en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, ya sostuvo esta tesis el pasado mes de junio.

En ese momento argumentó que con Junqueras y su acta de eurodiputado el Supremo debía adoptar la misma decisión que hizo con los cinco presos que fueron elegidos en las elecciones generales del 28 de abril, a los que se permitió acudir al Congreso y al Senado a los respectivos plenos de constitución de las cámaras. Junqueras era precisamente uno de ellos. «Que liberen a Oriol Junqueras, que pueda ir a recoger el acta de eurodiputado porque disfruta de inmunidad. Así lo ha dejado bien claro la sentencia», insistió Pere Aragonès, para quien «no es viable un mecanismo de diálogo si se mantiene una dinámica represiva».

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El vicepresidente catalán advirtió en este contexto que no tienen prisa -el PSOE quiere investidura antes de final de año-, ya que de lo que se trata de es alcanzar un acuerdo «útil», lo que pasaría , recordó, por «una mesa de negociación entre Cataluña y España con garantías». También aludió a la celebración de un nuevo referéndum, algo que el líder del partido, Oriol Junqueras, calificó de «inevitable» durante su intervención grabada desde la cárcel de Lledoners.

«Evidentemente que se debe hacer otro referéndum. Necesitamos un instrumento reconocido a nivel internacional», añadió al respecto Aragonès, que insistió en las tres vías que la militancia aprobó en la ponencia política para alcanzar dicho referéndum: una consulta acordada con el Estado, que «es muy difícil pero no se puede abandonar»; una segunda vía que implicaría forzar al Estado a hacer un referéndum, y una tercera que sería organizar uno en Cataluña de manera uniltaeral, pero con más fuerza organizativa que el 1O,
«El abismo de VOX»

Por otra parte, y aunque en un segundo plano de las negociaciones, desde la órbita de los comunes se sigue presionando para que PSOE y ERC logren un acuerdo. Al respecto, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, advirtió a ambas formaciones de que «no hay alternativa» a facilitar la gobernabilidad: «Es o gobierno de coalición o el abismo de Vox». En una entrevista con Efe, Asens añadió que «el único Gobierno que puede hacer posible el diálogo» sobre Cataluña es el que pueden formar PSOE y Podemos. Asens, encuadrado en el sector soberanista de los comunes, se felicitó por la «bofetada judicial» que supuso la sentencia del TJUE.

EL PROGRAMA ‘ALT NEWS’ ANALIZÓ LAS CONSECUENCIAS PARA ESPAÑA DEL POSIBLE ACUERDO DE SÁNCHEZ CON LOS SEPARATISTAS. PINCHE ABAJO:

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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