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España

Guerra y otros parlamentarios constituyentes piden un Ejecutivo que no dependa de los independentistas

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Alfonso Guerra en el Congreso de los Diputados, donde ocupó un escaño desde 1977 hasta 2015
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Medio centenar de parlamentarios de las Cortes constituyentes, entre ellos Alfonso Guerra, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Nicolás Redondo o Juan José Laborda, han suscrito un manifiesto pidiendo a los partidos un acuerdo por la unidad de España y un Gobierno que no dependa del independentismo.

«Hacemos un llamamiento respetuoso a los diputados y senadores de la actual legislatura para que el próximo Gobierno pueda ejercer plenamente sus funciones dentro de la Constitución, sin depender de grupos políticos que no la aceptan o quieren abolirla por procedimientos ilegales e ilegítimos», reza el texto rubricado por los parlamentarios de 1977 en referencia a las formaciones soberanistas.

Asimismo, aseguran que la resolución de los conflictos que hoy amenazan la convivencia en algunos territorios de España —en alusión a Cataluña— sólo se puede lograr mediante el pacto de partidos que aceptan el marco constitucional y el respeto al imperio de le ley y el derecho.

Los encargados de coordinar el manifiesto han sido los exministros de UCD Marcelino Oreja y Soledad Becerril, el expresidente del Senado Juan José Laborda (PSOE) y la exdiputada de UCD Elena Moreno.

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El manifiesto está firmado a título individual por cada uno de ellos y está abierto a que se sumen todos los parlamentarios de las Cortes constituyentes que lo deseen.

Entre los firmantes socialistas, además de Guerra, Laborda y el ex secretario general de la UGT Nicolás Redondo, están exministros como Virgilio Zapatero, Enrique Múgica, Javier Sáenz Cosculluela y Jerónimo Saavedra, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el ex fiscal general del Estado Leopoldo Torres.

También, el exalcalde de Madrid Juan Barranco y el de A Coruña Francisco Vázquez, y otros exdiputados como Ciriaco de Vicente, Guillermo Galeote y Alonso Puerta.

Exparlamentarios de UCD que lo suscriben junto a Oreja, Lavilla y Becerril son los exministros Rodolfo Martín Villa, Jesús Sancho Rof, José Manuel García Margallo y Salvador Sánchez-Terán, y a la lista se suma también Ramón Tamames, que fue diputado del PCE en la legislatura constituyente.
«Inquietante bipolarización ideológica»

Todos ellos expresan en el manifiesto su «honda preocupación» ante la «hora difícil» que vive España a la espera de formar un nuevo Ejecutivo, y tras recordar la «altura de miras, generosidad y renuncia» que permitió la Constitución «de la concordia», llaman a lograr un nuevo acuerdo.

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Un acuerdo que ven necesario ante los retos de España y ante la «inquietante bipolarización ideológica» y que permita «fortalecer la unidad de la nación y la convivencia democrática dentro de la Constitución».

«Sólo será posible ese gran acuerdo —señala el manifiesto— mediante la formación de un Gobierno con amplio respaldo parlamentario y firmemente fundamentado en la Constitución».

En ese contexto, piden dejar de lado las discrepancias e intereses electorales ante lo mucho que se juegan los españoles y reclaman un programa centrado en fortalecer el Estado social y democrático de derecho para garantizar mejor la unidad de España y la convivencia.
Gran pacto con los agentes sociales

Tras subrayar que este acuerdo debería estar abierto a los partidos que tengan la sincera voluntad de cooperar con el mismo, instan al futuro Gobierno a promover también un gran pacto con los agentes sociales tal y como se hizo en la Transición.

Este manifiesto se suma al que cerca de medio millar de personas han respaldado ya impulsado por el club de opinión «La España que reúne» y en el que se advierte del «gravísimo error político» que supondría un Gobierno formado exclusivamente por PSOE y Unidas Podemos, además de «una irresponsabilidad que pondría en riesgo las libertades y la convivencia ciudadana».

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El documento está recabando sobre todo firmas de la sociedad civil, aunque también está suscrito por intelectuales como Fernando Savater, el exministro socialista César Antonio Molina, los exdirigentes socialistas Joaquín Leguina, Nicolás Redondo Terreros y José Rodríguez de la Borbolla; el líder de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls o el fundador de Cs, Francesc de Carreras, entre otros.

El manifiesto, denominado «Carta a los españoles», aboga por un gobierno que excluya a nacionalistas y populistas y se apoye en formaciones políticas que ocupan el centro del tablero político.

«En estos momentos, un Gobierno que represente sólo a la mitad del país no está en condiciones de realizar las reformas imprescindibles para encarar el futuro ni conseguirá que cicatricen las heridas recientes», subraya el texto.

Además, hace una defensa de los consensos básicos alcanzados en la Transición y apuesta por abrir una fase de colaboración «constitucionalista y transversal», que sitúe a la política española en posiciones moderadas, «alejadas de extremismos sectarios».

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España

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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