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Sociedad

La justicia de Brasil vota a favor de criminalizar la homofobia en el país

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La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Brasil ha votado para criminalizar la homofobia en una medida que aplauden los activistas preocupados por la reducción de derechos de los homosexuales y el asesinato de cientos de personas LGBT cada año.

Seis de los 11 jueces del Tribunal Supremo de Brasil acordaron que los actos de homofobia y transfobia deberían tratarse de acuerdo a las leyes en vigor contra la discriminación hasta que el Parlamento del país apruebe una ley que se ocupe de la protección de la comunidad LGBT.

Esto haría que la violencia contra las personas LGBT sea un delito y además negar a los miembros de esta comunidad el acceso a la educación o el empleo, así como el servicio en tiendas o la entrada a edificios públicos, sería ilegal.

El Tribunal Supremo reanudará la votación en la primera semana de junio y tras el voto del resto de los jueces, la decisión finalmente entrará en vigor.

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Felipe Carvalho, presidente del Grupo de Diversidad de Niteroi, una organización sin ánimo de lucro que se centra en defender los derechos de las personas LGBT, ha descrito la votación como un «paso muy importante».

«Esto no terminará con la fobia al LGBT, pero abre muchas posibilidades para nosotros», ha recalcado Carvalho a la Fundación Thomson Reuters.

La homofobia es común en Brasil, un país profundamente religioso en el que tanto la Iglesia católica como el movimiento popular evangélico cristiano son fuertemente críticos de los derechos de los homosexuales y la violencia contra las personas LGBT está muy extendida.

La decisión se produce después de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, un autoproclamado «homófobo orgulloso» que tomó posesión en enero, eliminara las responsabilidades LGBT del Ministerio de Derechos Humanos y declarara que Brasil no debe convertirse en un «paraíso para el turismo gay».

Al menos 320 personas LGBT murieron en Brasil en 2018 y se han registrado 126 asesinatos en lo que va de año, según el Grupo Gay da Bahia.

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Brasil también es el país más peligroso del mundo para ser transgénero, según el proyecto Trans Murder Monitoring, con al menos 167 personas asesinadas en los 12 meses anteriores a septiembre de 2018.

Los activistas defensores de Derechos Humanos esperan que el fallo del Tribunal Supremo presione a los legisladores para que finalmente actúen.

«Esperamos que esto lleve al Congreso a aprobar proyectos de ley para proteger a la población LGBT», ha subrayado Bruna Benevides, un activista LGBT que fue suspendido del Ejército después decir que era transexual. «En mi caso, (el fallo) puede llevar a que los tribunales reconozcan mi derecho a estar (en el Ejército)», ha aseverado.

Un día antes de la decisión judicial, el Senado aprobó un proyecto de ley que penalizaría la homofobia en una primera ronda de votación. El proyecto de ley tendrá que pasar por una segunda votación y luego enviarse a la Cámara Baja del Congreso para su aprobación.

 

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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