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El Gobierno decreta la exhumación de Franco y da 15 días a la familia para que elija un nuevo enterramiento

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el acuerdo por el que se resuelve el procedimiento para la exhumación de Francisco Franco. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha calificado esta decisión como un “acto de Estado, político e histórico” que contribuirá a la “convivencia” de todos los españoles. Delgado ha reconocido que se ha tratado de un procedimiento “difícil y complicado” porque al decidir dar entrada a los interesados, sus demandas han supuesto un “verdadero obstáculo” para el avance del proceso, llegando a promover hasta 14 recusaciones de los instructores del expediente.

La exhumación de Franco partió de un Consejo de Ministros del 24 de agosto en el que se amplió el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, añadiendo la previsión de que nadie que no haya sido víctima de la Guerra Civil podría estar inhumado en el Valle de los Caídos. “Franco no cumple esta previsión, estos requisitos, por lo que está enterrado indebidamente”, ha resuelto la ministra. En el día de hoy, se ha producido, en palabras de Delgado, “la culminación de un expediente histórico”, aunque la efectiva exhumación se antoja todavía un tanto lejos. Por el momento, el Gobierno ha dado 15 días a los familiares -se ha reducido a este grupo la condición de interesados- para que comuniquen dónde procede la inhumación, con la salvedad de la catedral de la Almudena. Un enclave que no cumple los requisitos de orden público ni de la propia Ley de Memoria Histórica, que impide la exaltación y enaltecimiento en lugares públicos.

Si dentro de la familia no hubiera acuerdo o no respondieran al requerimiento del Gobierno, la decisión de la inhumación recaería subsidiariamente en el Ejecutivo que tendría que adoptar en Consejo de Ministros el acuerdo sobre el nuevo enclave para los restos de Franco. El Gobierno defiende que se “ha hecho lo que se tenía que hacer”, actuando con “seriedad y seguridad jurídica”. Sin embargo, la familia ya ha anunciado que recurrirá la decisión al Tribunal Supremo, un horizonte judicial en el que la ministra de Justicia no ha querido entrar. “No voy a hacer justicia ficción, hasta que no se cumplan los plazos no sabemos lo que va a pasar”, ha resuelto.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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