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Ruptura trampa del Gobierno con los separatistas catalanes para desactivar la manifestación del domingo

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Ruptura trampa del Gobierno para desactivar la manifestación del domingo. El felón de la Moncloa simula que rectifica, deja en el aire la polémica figura del relator en la mesa de partidos con la Generalitat y dice ahora que descarta el diálogo en las condiciones que exigen los independentistas catalanes.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha comparecido hoy en Moncloa para anunciar la paralización trampa de las negociaciones con la Generalitat después de ocho meses de conversaciones. Las partes no han llegado a un acuerdo “porque los grupos independentistas no aceptan el marco de diálogo que hemos propuesto”, ha dicho. Calvo ha reconocido que el escollo insalvable ha sido el referéndum de autodeterminación, un “planteamiento que el Gobierno no va a aceptar nunca, porque la salida al conflicto se debe producir en el marco del Estado de Derecho”. “Cuando las partes no están de acuerdo en un elemento sustancial hay que parar”,ha destacado, señalando que la decisión ha sido de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo aparenta que tira la toalla en este sentido y dice que “centrará todos sus esfuerzos en pedir el apoyo a los Presupuestos” que se debaten en el Congreso la próxima semana. Se refiere también a las fuerzas soberanistas (ERC y el PDeCAT, que han presentado sendas enmiendas a la totalidad a las cuentas), “que tendrán que explicar por qué anteponen sus intereses a los de los españoles”.

Moncloa ha distribuido entre los periodistas un documento -“el único documento”, en palabras de la vicepresidenta y en contraposición a los 21 puntos que filtró Quim Torra-, en el que se desgrana la propuesta “final” del Ejecutivo. En ella aparece la creación de una Mesa de Partidos conformada por “dos representantes, con capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales (estatal y catalán) de cada uno de los grupos políticos con representación en Cataluña y, en su caso, de las formaciones vinculadas a los mismos”. Al frente de esa mesa estaría la controvertida figura del “relator”, “una persona que facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fije el orden del día”. También sería el encargado de “ayudar a crear las condiciones idóneas para el diálogo, dar fe de los acuerdos alcanzados y determinar el seguimiento de su aplicación”. El Gobierno se daba hasta finales de este mes de febrero para elegir al mediador y constituir la Mesa de Partidos.

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Sin embargo, esta propuesta queda estancada al no llegar a un acuerdo con los independentistas. La vicepresidenta ha lamentado que “las derechas no ayuden al diálogo”, ninguneando las comisiones abiertas en el Congreso y el Parlament y en contraposición con la “lealtad cerrada del PSOE” cuando estuvo en la oposición y ha criticado que “el campo soberanista tampoco acepte un diálogo que se enmarque en los términos de la legalidad”. La ruptura de la negociación con el independentismo se produce tras unos días de profunda convulsión interna y externa para el Gobierno y el PSOE. Moncloa ha tenido que hacer frente a críticas severas por ceder ante el soberanismo con la figura del “relator” dentro y fuera de su partido. También, a dos días de la manifestación que han convocado PP, Cs y Vox, una movilización que Moncloa quiere desligar de su decisión.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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