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España

El Gobierno acepta la figura de un relator en la mesa de partidos políticos sobre Cataluña

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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
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El Gobierno de España ha abierto este martes la puerta a la incorporación de una figura con funciones de coordinador que favorezca el diálogo entre los partidos con representación parlamentaria en Cataluña, lo que PP y Ciudadanos consideran una cesión más del presidente, Pedro Sánchez, a los independentistas.

A una semana de que empiecen a debatirse en el Congreso las enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario del Gobierno, la negociación política sobre la situación de Cataluña ha atraído este martes todas las miradas.

Por un lado, por el incierto futuro de los Presupuestos de Pedro Sánchez, tras la enmienda a la totalidad presentada por ERC, y por otro, por las novedades que se han ido sucediendo durante la jornada, con la petición del Govern de una “figura notarial” en la mesa de partidos, dentro del marco de diálogo abierto en Cataluña.

El Gobierno ha protagonizado un movimiento imprevisto al abrir la puerta a una suerte de coordinador entre partidos catalanes, no un mediador, tal y como ha explicado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en el Senado.

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El Govern ha protagonizado otro al publicar el documento de 21 puntos, avanzado en su día, que el presidente catalán, Quim Torra, entregó a Sánchez en la entrevista que ambos tuvieron en Barcelona el pasado diciembre, entre los que se encuentran “reconocer y hacer efectivo el derecho a la autodeterminación”, aceptar “la mediación internacional” o aplicar medidas para la “regeneración” del Estado.

Que el Gobierno acepte la figura de un posible “coordinador” en el diálogo entre los partidos catalanes ha provocado una reacción muy similar en el Partido Popular y en Ciudadanos, ya que ambos ven en la idea una cesión al independentismo.

Los populares han recurrido a un comunicado para denunciarlo, en tanto que el líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha expresado su parecer en Twitter, donde ha escrito: “Sánchez vuelve a ceder ante los separatistas y acepta un ‘mediador’ para negociar privilegios con Torra”.

Aumenta la tensión a medida que se acerca el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, proceso que ahora mismo tiene dos plazos: el viernes que viene a las 14.00 acabará el del registro de esas enmiendas y el miércoles de la semana próxima, hasta antes de la votación, terminará la opción de retirarlas.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha manifestado el “deseo” de su formación en estos momentos, que es no registrar una enmienda a la totalidad, y por ello, ha pedido al Gobierno que “mueva ficha” y apueste por el diálogo político. Si lo que haga de aquí al viernes encaja en sus planes, el grupo catalán descartará la enmienda.

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ERC, sin embargo, ya ha formalizado su propuesta de devolución de los Presupuestos, de modo que sólo cabe ya su retirada antes de la votación.

Hay que esperar para comprobar si los movimientos del Gobierno en esa esfera de diálogo catalán surten efecto. Para empezar, Calvo ha planteado la aceptación de la figura del coordinador, cuya función sería, principalmente, dar testimonio de lo que los partidos hablen.

Partidos que hablarían, y en esto el Ejecutivo ha puesto énfasis, dentro del contexto parlamentario de Cataluña, y así, este mismo martes se han vuelto a reunir representantes del Govern, encabezados por Torra, con otros del PSC, de En Comú Podem y de ERC. Se han ausentado integrantes de Ciudadanos, PP y la CUP.

Éste sería un espacio de diálogo y el otro lo formarían el Gobierno y la Generalitat en la bilateral correspondiente.

Más allá de nuevas incorporaciones, el diálogo existe y lo está liderando la vicepresidenta, como ella misma ha recalcado en el Senado.

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Tras garantizar que el Gobierno no va a hacer “nada al margen de la Constitución”, ha proclamado: “Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena”.

Mientras en el Congreso el foco se ha depositado en el futuro de los Presupuestos, en el Senado ha girado a la situación política de Cataluña, precisamente por su conexión con la tramitación de las cuentas del Estado.

Al igual que la vicepresidenta, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha pronunciado al respecto a instancias de la senadora “popular” Luisa Fernanda Rudi.

El jefe de la diplomacia española ha sido claro: si no hay avances en Cataluña, aquella “terapia del ibuprofeno” que mencionó antaño, tendrá que “suspenderse”.

Varios portavoces parlamentarios han abogado, casos de Adriana Lastra o de Joan Baldoví, de Compromís, por desvincular la negociación presupuestaria de la negociación catalana.

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Sin embargo, todo apunta a que lo que pase en un terreno afectará directamente al otro.

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España

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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