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Sociedad

El PP propone penas de hasta 3 años de cárcel a ‘okupas’ y desalojos ‘express’ en las primeras 24 horas

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El PP ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley para endurecer el Código Penal contra las ‘okupaciones’, con penas de hasta tres años de cárcel, y acelerar los desalojos por parte de la autoridad pública en un plazo de entre 12 y 24 horas.

La modificación del Código Penal que propone el PP eleva de uno a tres años las penas de cárcel, en caso de producirse con violencia o intimidación, con una pena de entre seis a dieciocho meses para el resto de casos.

Estas penas podrían ser superiores si la ‘okupación’ supera los 15 días, mientras que los ‘okupas’ podrían ver rebajado el castigo en trabajos en beneficio de la comunidad –de 31 a 90 días– o multa dos a doce meses si se devolviera el inmueble a su propietario o poseedor.

CONTRA LAS MAFIAS

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El texto regula asimismo la figura de las mafias de la ‘okupación’, al contemplarse penas para grupos organizados, incluyendo para aquellas personas que, sin participar directamente de los hechos, promuevan la ‘okupación’ dando instrucciones o señalando inmuebles para ‘okupar’.

El PP también recoge la posibilidad de inhabilitación de cargo público y del ejercicio de derecho de sufragio pasivo –aspirar a ser elegido en un proceso electoral– en caso de que la persona que participe en un grupo organizado fuera cometido por una autoridad o funcionario público.

Respecto al procedimiento para impulsar los desalojos, el PP busca ampliar las facilidades dadas en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil impulsada por el PDeCAT y aprobada por el Congreso esta legislatura, con el fin de extender el ‘desahucio express’ a aquellas viviendas propiedad de las empresas.

Por otro lado, el PP propone una serie de modificaciones en la Ley de propiedad horizontal, donde autoriza al propietario o a la persona que ejerza la presidencia de una comunidad de propietarios a comunicar a la autoridad conductas o actividades prohibidas, sin necesidad de apercibimiento.

TAPIAR PUERTAS Y VENTANAS

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En este sentido, refleja por ley la posibilidad de que la presidencia de una comunidad advierta a un propietario de la posibilidad de adoptar medidas preventivas, como tapiar o cerrar puertas o ventanas, en caso de que su vivienda o local se encuentre vacía y exista “riesgo de que resulte ocupada ilegalmente, sin derecho y en contra de la voluntad del propietario”.

Por último, establece nula cualquier inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intente inscribirse es ‘okupa’, y no se considerará prueba de residencia o domicilio, ni atribuirá derecho alguno. Así, establece que los ayuntamientos den de baja de oficio o a instancias del propietario cualquiera de estas inscripciones.

El Grupo Popular ha anunciado también su intención de pedir la tramitación parlamentaria de su proposición de ley con la vía de urgencia, lo que acortaría los plazos a la mitad.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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