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No, Donald Trump NO FUE DETENIDO. Trump se presentó ante la Justicia de Nueva York: No hubo detención, no tomaron huellas ni se le impuso una orden de mordaza

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El ex presidente convirtió en el primer ex mandatario en afrontar cargos penales en la historia de Estados Unidos y el republicano más perseguido por los demócratas de la historia.

Los demócratas cumplieron su sueño mojado de ver a Trump en un juzgado penal siendo imputado, pero la jornada fue una decepción para los militantes de izquierda. El ex presidente se declaró “no culpable” de los 34 cargos relacionados con el pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels, pero no fue procesado y quedó libre después de unas horas.

No hubo detención preventiva como quería el fiscal demócrata Alvin Bragg, que forma parte del lado acusatorio. Tampoco fue esposado, no le tomaron las huellas dactilares, no le sacaron foto policial, no hubo orden de mordaza y podrá viajar sin restricciones.

En agosto se presentarán mociones de defensa, que serán respondidas por la fiscalía en septiembre, y la próxima citación quedó fijada para el 4 de diciembre de este año, con el juicio propiamente dicho comenzando recién el 4 de enero del 2024.

El gran objetivo del Partido Demócrata con esta acusación es desgastar y desprestigiar al ex presidente, pero también querían imponer una orden de mordaza para que Trump no pueda dar declaraciones al respecto, dañando severamente su imagen, pero el juez a cargo del caso, Juan Manuel Merchan, no dio lugar a este pedido.

Los demócratas a través del fiscal Bragg también querían que se imponga una orden de no viajar para Trump, de manera que deba permanecer en el estado de Nueva York durante toda la duración del juicio.

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Esto hubiera imposibilitado que Trump viaje por todo el país haciendo campaña para su candidatura en 2024, dificultando fuertemente difundir su mensaje. Sin embargo, el juez tampoco dio lugar a ese pedido.

 

A pesar de que no hubo ningún tipo de procesamiento, Trump se convirtió en el primer presidente o ex presidente de los Estados Unidos en afrontar cargos penales. Irónicamente, Richard Nixon, quien renunció luego de su impeachment por supuestamente enviar a espiar a su rival político, nunca fue denunciado en la justicia.

Lo mismo ocurrió con Bill Clinton, quien sobrevivió un impeachment pero nunca fue citado ante la justicia. Igualmente George Bush, quien tuvo cientos de denuncias incluso por violaciones de Derechos Humanos en Irak, nunca se tuvo que enfrentar a cargos penales en los tribunales estadounidenses.

El expresidente entró en la sala del juzgado con un claro gesto de enojo y por su propia voluntad, por lo que no se le colocaron esposas. Vestido con su característico traje azul y corbata roja, estuvo precedido de su equipo de abogados, con Joe Tacopina a la cabeza, y seguido por dos agentes de policía. Inmediatamente después conoció los cargos de la imputación, que lleva el número 71543-23.

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Los cargos presentados

La causa investiga el pago de una suma de US$ 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, quien en 2016 había amenazado públicamente con que iba a lanzar un libro contando que tuvo una relación amorosa con Trump poco después de su casamiento con Melania Trump.

Daniels firmó un acuerdo de confidencialidad con el abogado de Trump, Michael Cohen, y finalmente no publicó el libro. Pero dos años después, en 2018, el abogado Michael Avenatti convenció a Daniels que presentara cargos contra Trump dado que el pago se había hecho en plena campaña presidencial, y podría considerarse un soborno político.

La causa solo pudo encontrar culpable a Michael Cohen, ex abogado de Trump, ya que no hubo evidencia de que Trump le había ordenado o reembolsado el dinero, y la justicia dictaminó que Cohen actuó de su propia voluntad sin el conocimiento del entonces candidato a presidente.La situación quedó sellada cuando Avenatti cayó preso en 2019, luego de que se probara que había estafado a Daniels y que le había robado dinero.

Sin embargo, en 2021, la causa fue tomada por Bragg, quien decidió continuar con la investigación. Dos años más liderando la causa, el fiscal anunció que había conseguido toda la evidencia necesaria para presentar cargos contra Trump. Documentos judiciales fueron filtrados por Fox News el domingo pasado, donde se veía a Bragg diciendo que recomendaría el arresto inmediato de Trump.

El ex presidente publicó la noticia en Truth Social, y acusó a Bragg de estar trabajando con el FBI de manera ilegal para coordinar su arresto de alto perfil. Finalmente, el juzgado aceptó imputar a Trump pero rechazó el pedido de detención preventiva.

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La causa no tiene lugar. En una carta del año 2018, Michael Cohen le asegura a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) que la suma de dinero pagada a Stormy Daniels (nombre real Stephanie Clifford) provino completamente de fondos personales suyos.

En la misma carta, además, se especifica que ni la Organización Trump ni el equipo de campaña de Donald Trump tuvo participación alguna en la transacción a Stormy Daniels, así como tampoco se realizó el reembolso directa o indirectamente a Cohen por el monto erogado.

Finalizando con el contenido del documento, en representación de Michael Cohen, su abogado, Stephen Ryan, expresó que Cohen no efectuó de ninguna manera contribuciones a la campaña presidencial de Donald Trump, o ninguna campaña política, resaltando que el papel de la Comisión de Elecciones (FEC) no tiene lugar en la investigación, ya que nada tiene que ver con asuntos electorales.

Esta carta está presentada ante la justicia y es parte de la evidencia en el caso, por lo cual resulta extraño que el juzgado de Manhattan haya decidido procesar a Trump por un delito que claramente no cometió.

Incluso si fuera condenado por el juzgado extremadamente imparcial de Manhattan, la causa entera se caería en la etapa de apelación. Los abogados de Trump podrían pedir la nulidad porque los cargos son federales (malversación de fondos de una campaña federal) mientras que el juzgado que lo condenaría es un tribunal estatal de Nueva York.

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La jurisdicción presenta un problema para la fiscalía, dado que Donald Trump es legalmente un residente de Florida, no de Nueva York, y el delito del que se lo acusa, sería federal, por lo que la Corte de Apelaciones podría anular el juicio y pedir que los cargos se presenten nuevamente en un juzgado federal.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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