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José Manuel Otero Lastres.- Aunque el ser humano lleva tiempo civilizándose, lo cierto es que no acaba de abandonar del todo ciertos comportamientos propios de su condición animal. La más llamativa y perniciosa de todas es la violencia, conducta que se caracteriza por actuar fuera de razón, dejando paso al impulso guiado por pasiones desenfrenadas del alma como son el odio, la ira y la fuerza.
Las sociedades más avanzadas se caracterizan por instaurar una convivencia democrática sometida al Ordenamiento Jurídico que reprime todas las conductas que atenten, entre otros valores, contra la dignidad de la persona, los derechos inviolables de los individuos, la libertad y los demás derechos en que descansa la paz social. Pero en el avance hacia la indicada civilización la sociedad se mueve perezosamente. Es verdad que va dando pasos hacia una progresiva mejora de la convivencia democrática, pero también lo es que, a veces, retrocede, da pasos hacia atrás dejando que afloren conductas que a ojos de todos son inaceptables.
Para que se vea bien lo que quiero decir, la sociedad se va sensibilizando a pasos agigantados contra la violencia abusiva ejercitada por los más fuertes contra los débiles. Hoy hay, afortunadamente, un rechazo y una repugnancia generalizados contra los que, en lugar de tratar de convencer a los demás con razones, exhiben por todo argumento la violencia derivada de su mayor fortaleza física. En este ámbito, la llamada violencia de género concita un unánime reproche social y, aunque lentamente, hay una política generalizada tendente a tratar de eliminarla.
Sin embargo, -y este es el ejemplo de camino en sentido contrario- al tiempo que hay un avance en la represión de esa violencia que anida en la ciudadanía en general, se está produciendo una claro retroceso en la violencia política. Me refiero a la tendencia a tolerar, cuando no a favorecer e impulsar, la violencia callejera contra los adversarios políticos.
Dicho con más claridad, cuando la izquierda pierde el poder en las urnas, lo primero que hace es trasladar a la calle la confrontación política para recuperarlo, cuando sabe perfectamente que en democracia el poder no proviene de la toma de las calles ni de presionar con violencia al adversario, sino de la voluntad popular expresada en las urnas.
Y esto no es una simple afirmación basada en simples opiniones, sino que es una deducción a la que conduce la lógica si se valoran las pruebas. Pongo algunos ejemplos, en la ciudad de Madrid el solo anuncio de aplazar los efectos del Madrid Central por la nueva corporación municipal a cuyo frente está el PP provocó una marcha ciudadana reclamando su mantenimiento. En Pamplona, el solo hecho de que el nuevo alcalde pertenezca a Navarra Suma, que es una fuerza política formada por Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos y el Partido Popular de Navarra, ocasionó una escrache contra él por parte de los independentistas vascos radicales en la misa por el patrono San Fermín.
Otros ejemplos de justificación de la violencia política callejera contra los adversarios políticos los tenemos en las reacciones del PSOE y de PODEMOS disculpando las desafortunadas palabras del Ministro del Interior en funciones con motivo del día del Orgullo Gay. En efecto, en lugar de reconocer que un ministro del interior del Gobierno de España tiene que mantener el grado de neutralidad exigible a quien es ministro de todos, Cristina Narbona justificó los ataques a Ciudadanos afirmando que “es VOX quien alimenta el odio, no Marlaska”. Y lo mismo cabe decir de Pablo Iglesias, el cual considera “lógicos” los ataques a C,s en la celebración del Orgullo Gay.
Conviene advertir, sin embargo, que esta nueva violencia política, que también tiene un signo unidireccional, la tolera, favorece, organiza o ejerce, según los casos, siempre un mismo sector de la clase política contra el otro: la izquierda contra los liberales o conservadores. No hay casos, al menos yo no los conozco, de lo contrario: que sean los liberal-conservadores los que ejerzan violencia callejera contra la izquierda.
Como ciudadano que está de acuerdo con lo que dice el Preámbulo de la Constitución de que la Nación española proclama su voluntad de “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes”, reclamo sinceridad y coherencia a la clase política. Y, como ciudadano, exijo que, si la violencia en sí misma es un ataque directo a la convivencia democrática, no se caiga en el cinismo de distinguir entre tipos de violencia en función de sus autores o destinatarios. La violencia es inadmisible tanto si la ejerce un hombre contra los menores y la mujer, como si la favorece, alienta o lleva a cabo la izquierda contra la derecha cuando ésta la desaloja del poder.
