Un técnico de la Fiscalía denuncia el «silenciamiento» de la explotación sexual infantil en Mallorca desde hace años

El canal autonómico balear IB3 ha ofrecido este sábado el testimonio de un técnico de la Fiscalía de Menores y el de una mujer que décadas atrás —siendo niña— estuvo en un centro de internamiento, que se han pronunciado sobre la posible deficiente atención institucional que estarían recibiendo algunos menores en los centros de acogida y de internamiento en Mallorca desde hace años. Dicha inatencion habría derivado en la existencia de casos de explotación sexual infantil, que se habrían ocultado.

En opinión de ambas personas, existiría una desatención de los menores tanto por parte de las administraciones como de los propios trabajadores sociales. «Lo más rentable hasta ahora era hacer la vista gorda. ¿Por qué? por ser un tema tabú, por conservadurismo, por no dar mal nombre a un centro o a una fundación que administra un centro», ha afirmado ante las cámaras de IB3 Enrique Pérez Guerra, educador social que trabaja en el equipo técnico de la Fiscalía de Menores. Asimismo, ha indicado que algunos de los propios adolescentes de los centros de protección de menores estarían organizando desde hace años encuentros sexuales y actuarían como proxenetas de otros menores.

El citado técnico ha señalado que el caso de la niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó, ha destapado una realidad escondida. «Con tanta vista gorda, con tanto silenciamiento, con tanto mirar hacia otro lado, esto era un globo que se hinchaba más y más y más. Y esa niña pinchó, sin saberlo, ese gigantesco globo», ha concluido.

«Depurar responsabilidades»

El segundo testimonio recogido este sábado por IB3 ha sido el de Juana Molina, de 41 años, que fue violada cuando tenía nueve años de edad por un vecino de unos 60 años. El suceso ocurrió en la población costera de Can Picafort. Con posterioridad, con 13 años, entró en un centro de internamiento. En una de sus escapadas de dicho centro fue víctima de una nueva violación. Ahora ha explicado también que, por otra parte, ya entonces habría habido trabajadores de los centros de acogida y de los centros de internamiento que habrían abusado de menores.

Siendo ya adulta, Molina trabajó como vigilante de seguridad privada, precisamente en un centro de internamiento. «La dirección del centro era la primera que nos decía que no hablásemos y, bueno, conmigo no les ha salido bien», ha recalcado, para añadir: «Se tendrían que depurar responsabilidades, desde el primer pederasta que pide los servicios de una menor hasta los educadores que abusan de ellas y la dirección del centro que no ha dejado que eso se hiciera público».

Cabe recordar que un centro tutelado o de acogida es distinto a un centro de internamiento. En los centros tutelados el régimen es abierto y además los menores que viven en ellos no tienen antecedentes. En Mallorca hay 30 centros tutelados, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Por lo que respecta a los centros de internamiento, que son de régimen cerrado para menores con antecedentes, los tres que existen en Mallorca son gestionados por el Gobierno balear.

Violación en grupo

Como se ha indicado, el detonante de la actual controversia en torno a los centros de protección de menores de Mallorca fue la agresión sexual en grupo sufrida por la mencionada niña de 13 años la pasada Nochebuena. En la mañana del 25 de diciembre, los técnicos del centro tutelado acudieron en auxilio de la víctima. Seguidamente, fue conducida a un centro hospitalario. El informe de la médico forense que atendió a la niña habría señalado que sus lesiones eran compatibles con una agresión sexual múltiple. Se activó entonces el protocolo previsto, por lo que el caso pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que inició la investigación.

En la denuncia presentada por la propia víctima el día de Navidad, dicha niña habría dejado entrever que horas antes de la agresión sexual múltiple que sufrió en Es Camp Redó, un grupo de adultos con que se topó en la barriada de Son Gotleu habría intentado prostituirla. En su denuncia, la menor habría hecho también referencia a la existencia hoy de adolescentes de centros tutelados que cuando salen por unas horas de dichos centros se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero.

En ese contexto, cabe recordar que la responsable de Coordinación sobre Violencia Contra la Mujer de la Delegación del Gobierno en Baleares, Julia Vázquez, explicó la pasada semana que la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen constancia de la existencia de «redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores» en Mallorca, si bien sí han detectado casos aislados de personas que estarían prostituyendo a adolescentes de centros tutelados. Por su parte, el presidente del IMAS, Javier de Juan, anunció la creación de una comisión para combatir la explotación sexual infantil. Dicha comisión se reunió el pasado miércoles por vez primera.

Una situación compleja

Algunos trabajadores de los centros de acogida denunciaron a lo largo de los últimos días la supuesta inacción política ante los citados casos de presunta prostitución. Por su parte, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, acordó «la incoación de diligencias de investigación penal» para el esclarecimiento de esos hechos. Posteriormente, el pasado martes, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, abrió una actuación de oficio solicitando información al IMAS en relación a los 16 casos recientes de explotación sexual infantil reconocidos por dicho organismo entre el total de 359 menores tutelados que atiende. De los 16 casos, en 15 de ellos las víctimas eran niñas.

Cabe recordar que en el Ejecutivo balear y en el Consell de Mallorca gobiernan sendos tripartitos conformados por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS. La presidenta del Govern es la socialista Francina Armengol, mientras que la presidenta de la institución insular es la también socialista Catalina Cladera. Los partidos de la oposición en el Consell de Mallorca, el PP, Vox, Cs y Proposta per les Illes han exigido la creación de una comisión de investigación, que en principio ha sido aceptada por el PSOE.

Por su parte, la portavoz del Govern, Pilar Costa, descartó el pasado viernes la posible dimisión de algún responsable del Consell de Mallorca o del Ejecutivo balear por los casos de posible inacción institucional que se han venido denunciando en los últimos días. «Si yo pensase que todo esto se pudiera mejorar o resolver con una responsabilidad política, traducida en una dimisión, qué fácil sería solucionar el problema, pero desafortunadamente el problema es mucho más complejo y mucho más complicado», afirmó. Hace unos días, el Govern confirmó que desde 2016 ha despedido a cinco trabajadores de centros de internamiento por «conductas sexuales inadecuadas» con menores.

Dos mociones previas

Con anterioridad a que trascendieran todos los casos citados, Vox había presentado en diciembre pasado una moción en el Consell de Mallorca en la que proponía realizar «una auditoría independiente para conocer las necesidades y deficiencias que puedan existir en el IMAS». Dicha moción no salió adelante porque contó con el voto en contra del actual tripartito. Hace tres años, en el Parlamento balear, había sido presentada ya una primera propuesta sobre menores, más genérica, por parte de la entonces diputada del Grupo Mixto Xelo Huertas, que poco antes había sido expulsada de Podemos. El título de la iniciativa parlamentaria de Huertas era «Estudio y propuestas de mejora del Servicio de Menores y Familia de las Islas Baleares».

La proposición no de ley defendida por Huertas en marzo de 2017 constaba de cuatro puntos. En el primero, se pedía que la Cámara regional instase al Govern a «acometer las reformas normativas necesarias para mejorar e impulsar mejoras en los servicios de menores y familia» de Baleares «de acuerdo con los consells insulares y dotándolos de recursos suficientes para hacerlo». En el segundo punto, se instaba al Ejecutivo regional a «investigar los procedimientos de adopción, tutela e intervención en el ámbito familiar» en la Comunidad en los últimos decenios para «reducir la alarma social generada y en su caso pedir las responsabilidades pertinentes».

En el tercer punto de dicha propuesta, se instaba a que esa investigación se hiciera por parte de una «comisión mixta de técnicos psicosociales», en la que también participasen personas ajenas a la Comunidad de «reconocido prestigio». En el cuarto y último punto, se instaba al Govern a elaborar, en el plazo de cuatro meses, un protocolo de actuación para que los equipos de atención a la infancia y adolescencia del IMAS lo hicieran servir para «hacer la síntesis evaluadora objetivable». La proposición no de ley de Huertas no salió adelante, al ser rechazada por el tripartito que ya en la pasada legislatura daba su apoyo al Ejecutivo que entonces presidía por vez primera Armengol.

(ABC)