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En paralelo al debate en el Tribunal Supremo, otro juez mantiene por ahora un escollo provisional para consumar la exhumación del dictador Francisco Franco. El juez de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, José Yusti Basterreche, tiene pendiente de resolver si mantiene la paralización de la licencia de obra para levantar la sepultura de Franco, un paso necesario para poner en marcha la exhumación de los restos del ex jefe del Estado. La resolución del Alto Tribunal, que ha rechazado todos los argumentos de la familia y ha avalado la decisión del Gobierno, no tiene efectos inmediatos en este procedimiento, que adoptó una medida cautelar urgente. Eso significa que ahora mismo la exhumación no es todavía posible, a pesar de lo que diga la vicepresidenta Carmen Calvo.
El pasado 25 de febrero, este magistrado acordó suspender el informe preceptivo del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que declaraba admisibles las actuaciones urbanísticas remitidas por el Ministerio de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha convertido la exhumación en una de sus banderas políticas. El magistrado, después de celebrar una vista aún pendiente para escuchar a las partes, tiene todavía que dictar sentencia.
La actuación cuestionada suponía el levantado del pavimento de mármol, la retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Franco, su traslado a otro lugar y la formalización de muretes para el apoyo del forjado del hueco excavado con rasillones y capas de comprensión, todo dentro de la Basílica del Valle de los Caídos.
El magistrado de lo contencioso-administrativo estimó la paralización solicitada como medida cautelar por una demanda de Leonardo Falcó Rodríguez, del entorno de la familia Franco. Según el juez, las obras no eran seguras. «No hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí es algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra».
Una vez tomada esa decisión, el juzgado tiene previsto celebrar una vista para analizar las medidas cautelares a lo largo del mes de octubre, según han informado fuentes jurídicas. En esa comparecencia el magistrado escuchará a las partes, entre las que se encuentra la Abogacía del Estado, partidaria de que se liberen las obras. En caso de que el magistrado levante la paralización, la exhumación podrá llevarse a cabo en la práctica. Si el magistrado, que fue recusado sin éxito tras haberse expresado en contra de la exhumación en un artículo, mantiene su decisión, las partes podrán interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
