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En un anuncio desde su residencia en Nueva Jersey, el 45° presidente de los Estados Unidos dio una conferencia de prensa donde dio detalles acerca de la reciente demanda colectiva que presentó con el apoyo de cientos de referentes republicanos.
El ex presidente Donald Trump presentó una demanda colectiva este miércoles contra los titanes de las grandes empresas tecnológicas como Facebook, Twitter y Google por haberse cartelizado para cerrarle conjuntamente sus cuentas en las redes sociales, según anunció esta tarde desde su hotel en Bedminster, Nueva Jersey.
Esta demanda es encabezada por Trump pero tendrá la firma de cientos de otros políticos y referentes del Partido Republicano, todos censurados por las compañías mencionadas.
“Estamos pidiendo al Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que ordene un cese inmediato para detener la censura ilegal y vergonzosa del pueblo estadounidense por parte de las empresas de medios sociales“, aseguró el ex mandatario.
En la misma presentación también se está pidiendo a los jueces federales que revoquen las controvertidas protecciones de inmunidad otorgadas a las empresas de Internet en 1996 al declarar inconstitucional la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.
“Exigimos el fin de la prohibición de las sombras, el fin del silenciamiento, el fin de las listas negras, el destierro y la cancelación que ustedes conocen tan bien“.
Trump dijo que si bien los gigantes de las redes sociales “son entidades oficialmente privadas, en los últimos años han dejado de ser privados con la promulgación y su uso de la Sección 230, que los protege profundamente de la responsabilidad“. “Es, en efecto, un subsidio gubernamental masivo”, aseguró.
Esta presentación busca no sólo la restitución de las cuentas suspendidas ilegalmente, si no que reparaciones para los damnificados en concepto de daños no especificados por violaciones de la Primera Enmienda que, según Trump, podrían sumar “miles de millones de dólares“.
Lo más probable es que la causa va a llegar a la Corte Suprema, ya que los juzgados federales circuitales buscarán lavarse las manos y no involucrarse con una acción judicial cargada de contenido político.
