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En un ejercicio de garantismo sobreactuado e innecesario, la Junta Electoral Central decidió ayer conceder un plazo de 24 horas más al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, para retirar todos los lazos amarillos y esteladas que inundan los edificios públicos en Cataluña para garantizar la neutralidad de las instituciones en la etapa preelectoral. El plazo de 48 horas que ya concedió la pasada semana la Junta Electoral ha sido despreciado por Torra con su soberbia habitual, dejando en pésimo lugar al organismo encargado de velar por la legalidad de las elecciones. Ya no es hora de advertir, sino de actuar. El Estado no puede permanecer inerme antes este tipo de abusos del separatismo catalán, ni siquiera aunque en este apercibimiento de la Junta haya mediado una advertencia de que Torra incurrirá en responsabilidades penales si se niega a retirar esos símbolos. A Torra le pueden traer sin cuidado una acusación por desobediencia o una sanción administrativa en forma de multa. La de los lazos es una batalla emocional y simbólica que el Estado no puede perder frente a quien se propone pisotear los derechos de todos los catalanes, y de todos los españoles, por un barrizal. El Estado no debería ser indolente por más que Pedro Sánchez trate de «apaciguar» al separatismo con su política de subordinación y cesiones. Bien sea representado por la Junta Electoral, o ejecutivamente por el Gobierno, la Fiscalía o el órgano que corresponda, el Estado no puede permitir que Torra se burle alegremente de la legalidad.
Nada invita a pensar que si tras la primera advertencia Torra se negó a retirar esos símbolos, vaya a hacerlo ahora porque se le amenace con acciones penales. Torra está en otra estrategia, la de tensar la situación política en Cataluña hasta que se vea forzado a convocar elecciones. Es evidente que a los líderes golpistas del 1-O no les va muy bien en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. Mantener los lazos no es solo un desafío al Estado, sino una «boutade».
El cumplimiento de la legalidad, sabido es, nunca es una prioridad para el separatismo. Ni aquí ni en Estados Unidos, donde, como hoy informa el rotativo ABC, la Generalitat de Torra está vulnerando la ley estadounidense de Registro de Agentes Extranjeros, que obliga a inscribirse a toda persona «que actúe como representante, empleado o servidor cuyas actividades sean supervisadas por un funcionario extranjero». Y los chiringuitos soberanistas abiertos en suelo de EE.UU. adolecen a día de hoy de esa actividad registral. Así que tanto el trasunto de «embajadilla» separatista, reabierta tras el fin del 155, como otras oficinas del independentismo -esas que se dedican a verter toda clase de basura sobre el prestigio de la democracia en España- trabajan fuera de la ley, una especialidad de la banda del lazo.
