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Javier Marzal Mercader*.- El 28 de septiembre de 2017, compareció Jesús Díaz Formoso, Presidente de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, como parte de los trabajos de la Estrategia Nacional de Justicia. Es la primera vez que una asociación de víctimas judiciales comparece en esta Comisión, hasta ahora sólo habían asistido las asociaciones de los funcionarios del poder judicial y los colegios de abogados y procuradores.
Lo primero que llama la atención consiste en que el Congreso no ha transcrito todas las preguntas de los diputados ni las respuestas a éstas que contiene, probablemente, lo más interesante.
En la transcripción de la comparecencia, se puede leer: “Quizás no sea ajeno a esta cuestión el hecho de que estamos aquí como usuarios y estarnos muy satisfechos de haber recibido esta invitación porque no se había producido hasta ahora en esta Comisión, hasta donde hemos podido leer porque muy amablemente nos han enviado las ponencias de los miembros de las organizaciones judiciales, de los fiscales, de los letrados, del Colegio de Abogados y Procuradores, y el concepto no está, nadie ha hablado de la responsabilidad de los jueces”.
Tras una crítica a la jurisprudencia, el compareciente dijo: “Porque un derecho vale tanto como lo valen sus garantías, un derecho que no tiene garantías le podemos llamar derecho o chocolate con churros, porque no es un derecho”. Más adelante, incidió en que el sistema judicial no respeta los derechos ni existen mecanismos para hacerlos respetar.
En una de esas respuestas se dice que los abogados de oficio no defienden a sus clientes, citando una famosa excepción. Además, se queja de que los abogados no tienen a su disposición medios para la defensa, por lo que o sus clientes pagan los peritajes o dependen de la buena voluntad de los fiscales y jueces que investiguen el asunto. Pero no o hacen porque no les pagan para ello, “se les retribuye por volumen” de casos, sin tener en cuenta el resultado. Esta es una de las causas de la arbitrariedad judiciales.
También se refiere a la IMPUNIDAD de los políticos porque éstos nombran a los magistrados de Lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma que son quienes juzgan a los fiscales y a los jueces, por lo que éstos están intimidados por estos magistrados que son nombrados por los políticos. De esta forma, los políticos tienen IMPUNIDAD y se empuja a los fiscales y jueces a encubrirlos. A cambio, también se les da IMPUNIDAD a los fiscales y jueces para que no cumplan las leyes, incitándoles a que vendan sus actuaciones judiciales, además de presionarles para que permitan la corrupción de todas las autoridades públicas, permitiendo un sistema abusivo y autoritario que podemos denominar abusocracia.
La solución a la corrupción judicial “está ahí y es muy sencilla: vamos a pedir responsabilidad al Juez”. Para controlar a los jueces, “hay una solución clara, a los jueces los ha de juzgar el tribunal del Jurado, el Tribunal del Juzgado Popular”.
Esta propuesta la llevan proponiendo varias asociaciones de víctimas judiciales en su páginas web desde hace años y formó parte de las propuestas que se pusieron en común en la reunión de siete organizaciones no lucrativas en el Día de los europeos contra la corrupción judicial (22-9-2018), como informaron varios medios alternativos.
Precisamente, su organizador, el European Movement for Justice (Movimiento Europeo por la Justicia) ha lanzado una petición para que los jueces sean juzgados sólo por un Jurado Popular, como forma de acabar con la corrupción política, judicial y policial.
En definitiva, el sector social lleva años identificando el origen estructural de la corrupción y las soluciones. Los profesionales, públicos y privados, del sistema judicial, así como los políticos, conocen perfectamente la situación, pero prefieren mantenerse instalados en la corrupción.
*Presidente de ANVIPED, Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho.
