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Cuando dentro de unos años se aborden estos momentos decisivos en la moderna historia de Venezuela será, sin duda, la abdicación de la Unión Europea de su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y de la democracia el hecho que se abrirá a las más controvertidas explicaciones. Que, ayer, sin ir más lejos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamara coraje a un joven político venezolano, Juan Guaidó, que se ha jugado su libertad personal e, incluso, su misma vida, para devolver a su país a la democracia, parecerá una burla, sobre todo, por venir de un gobernante que no fue capaz de hacer lo único que de verdad podía ayudar al pueblo venezolano a desembarazarse de la tiranía de Nicolás Maduro: reconocer al Gobierno provisional emanado de la Asamblea Nacional, y a Guaidó como su presidente, tal y como habían hecho los Estados Unidos y las principales naciones iberoamericanas, con la triste excepción de México. Esa decisión, la única coherente con la propia doctrina de Bruselas, hubiera enviado un mensaje claro a Rusia y a China sobre el coste diplomático y, especialmente, comercial, de mantener su apoyo a la dictadura chavista. Pero la Unión Europea ha preferido intentar el difícil ejercicio de nadar y guardar la ropa, de cuyos resultados, siempre problemáticos, el mundo atesora suficiente experiencia.
Somos conscientes de que entramos en el campo de la especulación, pero es legítimo preguntarse si la plana mayor del Ejército venezolano hubiera salido a respaldar a Maduro si España y el resto de las potencias europeas hubieran actuado con la firmeza que cabía esperar. Porque, ahora, mientras los gobiernos comunitarios disimulan su pasividad con el indignante brindis al sol de una exigencia de elecciones libres en un país donde la libertad ha sido cercenada, el régimen socialista bolivariano exhibe la baza de la agresión imperialista norteamericana y se dispone a resistir, aunque sea a costa de un baño de sangre, en la acepción literal de la expresión.
Que el Gobierno de Pedro Sánchez justifique su dejación, mucho más criticable por la impronta de nuestra específica relación con la antigua América española, en la necesidad de mantener la unidad de acción exterior europea, carece del menor sentido.
Primero, porque nuestros socios, como ya ocurriera en la adopción de las sanciones al régimen de Maduro, suelen respaldar la opinión de Madrid en asuntos iberoamericanos, y, segundo, pero no menos importante, porque Bruselas, que no dio validez a los resultados de las elecciones presidenciales chavistas de mayo de 2018, sólo admite legitimidad democrática en la Asamblea Nacional de Venezuela, por lo que, aunque sea de manera implícita, ya reconoce la presidencia de Juan Guaidó.
Tiene, por lo tanto, muy difícil explicación la postura de nuestro Gabinete, ni siquiera cuando se aduce la supuesta defensa de unos residentes españoles en Venezuela, a los que, por lo escuchado al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el dictador Maduro estaría utilizando en calidad de rehenes, ni, mucho menos, en razones de política interior y pueril aritmética parlamentaria, por cuanto no parece probable que Podemos estuviera dispuesto a inmolarse por el chavismo y dejara a caer a Pedro Sánchez, propiciando el adelanto electoral.
Tal vez, la ruptura de relaciones con Caracas, y los subsecuentes problemas diplomáticos con La Habana, produzcan vértigo a nuestro Gobierno, pero hay decisiones que no admiten la inhibición. Hablamos de un pueblo hermano, masacrado, en palabras del ex presidente Felipe González, por un tirano arbitrario, que en estos momentos se enfrenta a cuerpo limpio contra los sicarios del régimen. Es España la que debe liderar la respuesta europea.
