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El Gobierno socialista ha logrado convalidar este miércoles los seis decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros durante el mes de marzo, tras ponerse de acuerdo con el PNV sobre el traspaso de las nuevas competencias prometidas por Pedro Sánchez.
Las negociaciones se extendieron durante todo el día de hoy y ponen fin a la incertidumbre que rodeaba sobre todo a las medidas contenidas en el decreto-ley para la regulación del alquiler de vivienda ya que este texto era el que menos gustaba al grupo vasco.
Ni el PNV ni el Gobierno han querido desvelar el contenido del pacto que incluso han negado en público, aunque fuentes de ambas partes reconocen a puerta cerrada que en las últimas horas se ha producido un «acercamiento de posturas» respecto al traspaso de algunas competencias pendientes. Y que esta aproximación ha permitido desencallar una situación en la que el PNV amenazaba con votar en contra de tres de los decretos-leyes del Gobierno, especialmente del referente al mercado del alquiler de vivienda.
El portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, ha admitido en que a lo largo del día de hoy ha «hablado con mucha gente de peso en el Gobierno» incluyendo la vicepresidenta, Carmen Calvo, y que estas conversaciones le han permitido «aclarar» la posición del Ejecutivo y «confiar en la palabra de la gente». Esteban se ha jactado de que podría haber llegado a hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no lo ha hecho.
El portavoz vasco ha subrayado que el traspaso de competencias se lleva «hablando desde hace mucho tiempo» pero que su grupo veía «que no se mueve y queríamos aclarar el ambiente y si había disposición o no». También ha hecho hincapié en que las negociaciones de este tema se llevan directamente entre el Gobierno central y el vasco. «Necesitábamos aclarar qué es lo que está pensando el Gobierno y cuál es su posición», ha insistido, subrayando que «no ha habido ningún acuerdo» sino que el Ejecutivo socialista «ha asegurado su buena voluntad».
Una versión que no concuerda con la ofrecida en público por la portavoz socialista, Adriana Lastra, quien a la salida de la Diputación Permanente ha asegurado que el «sí» del grupo vasco obedecía a las dotes del Gobierno para convencerle de la necesidad de los decretos. «Así lo ha entendido el PNV» ha subrayado la también vicesecretaria general socialista ha insistido en negar cualquier acuerdo relativo a competencias.
Tras el acuerdo, quedaron aprobados los decretos de la siguiente manera. El texto de medidas para hacer frente a un brexit sin acuerdo recibió 40 votos a favor (PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, PDECat, Compromís, Bildu y UPN) frente a 25 en contra (PP). Un resultado que se repitió en los decretos-leyes de ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas y de la prórroga para que ayuntamientos y autonomías destinen su superávit a inversiones financieramente sostenibles.
Por su parte, el decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler recibió el apoyo del bloque de la moción de censura con 33 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, PNV, PDECat, Compromís y Bildu), 31 en contra (PP y Ciudadanos) y 1 abstención (UPN). Los mismos apoyos obtuvo el decreto de medidas para la estiba, mientras que el subsidio para mayores de 52 años recibió 34 votos a favor (PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, PDECat, Compromís, Bildu y UPN) frente a 25 en contra (PP) y 6 abstenciones (Ciudadanos).
Tanto la recuperación del subsidio a los parados de 52 años como la equiparación de los permisos de paternidad son dos medidas que el Gobierno incluyó en sus Presupuestos para este año y que no logró aprobar por el rechazo de ERC a las cuentas.
