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[L]as políticas implementadas por el gobierno de Sánchez y las Comunidades Autónomas han agravado las previsiones de la hostelería.
Lugares como Castilla la Mancha o Asturias, con las pernoctaciones prohibidas, han experimentado un retroceso del 70% en sus ventas respecto a las cifras de 2019.
Los principales actores del sector han puesto el acento en la ausencia de un plan de vacunación cuya elaboración correspondería al Gobierno y cuya ejecución debería estar en manos de las Comunidades Autónomas.
Frente a esta desprotección, ha sido VOX, de la mano de la diputada Patricia Rueda, quien ha impulsado un mayor número de iniciativas para proteger y hacer frente a la pandemia, de manera efectiva, ayudando tanto a dicho sector como al turístico.
VOX ha presentado una Proposición No de Ley para ofrecer ayudas directas al turismo
VOX ha registrado una Proposición No de Ley para establecer un plan nacional de ayudas directas para empresas del sector hostelero, turístico y otros comercios que se hayan visto gravemente afectados por la pandemia del COVID-19. Debido a que España ha sido el país que menos ayudas directas ha dado a sus empresas durante la pandemia.
Algunas de las ayudas tratan de cubrir total o parcialmente las cuotas de arrendamientos del lugar del desarrollo de la actividad empresarial y facilitar ayudas directas que respondan total o parcialmente a los costes fijos derivados de suministros y tasas. Además de algunas ayudas determinadas en función de la facturación de esas empresas sometidas a grandes restricciones para el mismo periodo del año anterior.
En cuanto a los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo en estos sectores, algunas de las propuestas proponen lo siguiente: prorrogar y flexibilizar los ERTEs de suspensión de contrato o reducción de jornada hasta la finalización del Estado de alarma o al menos hasta junio de 2021, revisable en función de la pandemia. Por otro lado, suspender, sin ningún coste, el abono de las cuotas de autónomos y cotizaciones de la seguridad social de empleados en ERTE mientras no se recuperen los niveles anteriores a la presente crisis y eliminar la exigencia, en relación con los ERTE, por la que se obliga al mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.
