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Las recientes medidas económicas del gobierno han puesto al descubierto que sólo el 0,5% de los empleados públicos cobra menos de 962 euros brutos al mes. Es decir, que la práctica totalidad son, cuando menos, mileuristas.
En las empresas privadas, en cambio, más del cincuenta por ciento de los trabajadores son escasamente mileuristas, como lo acredita la lectura de los convenios colectivos y las tablas salariales que periódicamente publica el ministerio de trabajo y empleo, o, mejor, desempleo.
¿Qué circunstancias han llevado a esta situación? Varias, como son –sin ánimo de ser exhaustivo-, las siguientes:
1ª. La mayor presión sindical en el sector público que en el privado. El empresario paga de su propio dinero, mientras que el político –por no decir irresponsable- de turno negocia alegremente aumentos salariales desproporcionados o excesivas: total el no va a pagar nada.
2ª. El efecto de los trienios, que incrementan automáticamente las nóminas, y que ante un “ejército” de varios millones de empleados públicos puede acabar convirtiéndose en una gigantesca bola de nieve que nos acabe destruyendo a todos. (En las empresas privadas no existen tales trienios, y únicamente pueden obtenerse mejoras económicas previa negociación en los convenios colectivos).
3ª. La negociación de convenios colectivos para los trabajadores laborales, grupo cada vez más numeroso dentro del sector público, y razón por la que prefiero hablar de empleados o trabajadores públicos más que de funcionarios, ya que así se engloba a todos: funcionarios, laborales, interinos, personal eventual, etc.
Los “falsos empresarios”, es decir los políticos que no se juegan sus cuartos, negocian alegremente retribuciones e incrementos salariales: total a ellos les da lo mismo, pues no pierden nada, y quedan muy bien con los sindicatos y los partidos de izquierdas, que suelen ser los más reivindicativos (además de los más vagos, por término general, y salvo excepciones, que también las hay). En las empresas privadas, en cambio, como el empresario se juega sus cuartos, es más cicatero a la hora de firmar los convenios colectivos, que van ligados al aumento de la productividad, concepto que es casi desconocido en las administraciones públicas.
Se produce otro efecto perverso, y es el igualitarismo por abajo. Las retribuciones de los cuerpos importantes del Estado son inferiores a las que podrían obtener en las grandes empresas y, por supuesto, a las que perciben personas con un nivel jerárquico y de toma de decisiones similar.
En mi época de juez y fiscal sustituto, por ejemplo, nunca entendí que los servicios de guardia se cobrasen exactamente igual, fueses agente judicial, secretario o juez. Es decir, daba igual que tu trabajo fuera el más simple que el más complejo. Pero claro, no es lo mismo fotocopiar un atestado, entregar una citación, o escribir un oficio, que decretar el ingreso en prisión de un ciudadano, o formular un escrito de acusación en un juicio rápido. Recuerdo que al comentarlo con algún sindicalista, me contestó diciendo que todos éramos iguales, que esa situación era una reivindicación sindical y que nosotros –los jueces, fiscales y secretarios- ya cobrábamos más que ellos, y que por lo tanto lo justo era que en la guardia todos cobrásemos lo mismo.
Claro que ellos no habían tenido que pasar cinco años por la Facultad de Derecho, aprobar veinticinco asignaturas y en el caso de los funcionarios de carrera, superar una difícil oposición. ¡Maravillas del sectarismo ideológico sindical!
Abogado y escritor.
