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Un documento oficial de la ONU aboga por canales específicos para el intercambio entre menores de imágenes y vídeos sexuales. “Deberían crearse canales para permitir a los niños buscar consejo y asistencia en lo que se refiere a contenido sexualmente explícito autogenerado”.
De las más de 7.000 millones de personas del planeta, es probable que no más de unas pocas miles hayan alguna vez oído del Comentario General N° 25, recién publicado por el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño.
[E]s probable que solo unos cuantos cientos de personas conozcan los nombres de los redactores del Comentario General N° 25, recién publicado por el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño.
Pese a esto, el Comentario General N° 25 pretende decirles a todos los gobiernos, a todas las empresas y, lo más importante, a todos los padres cómo aplicar los derechos de los niños cuando se trata de Internet.
Tenga presente que los comentarios generales publicados por tales organismos que vigilan los tratados carecen por completo de fuerza legal; ni siquiera son sugerencias exigibles. Pero serán aceptados por los gobiernos y empresas como normas legales que estos deben imponer a los padres y a sus hijos.
Los redactores del documento están preocupados por que los niños se encuentren con “información poco fiable en línea”. Sin duda alguna, esta es una preocupación de todos. Aun así, muchos considerarían apropiado que juzgar qué es “poco fiable” quede a los padres y no a los gobiernos y negocios. En la situación actual, los gigantes de las redes sociales determinan que ciertos puntos de vista –usualmente los políticamente conservadores– están fuera de juego y son por consiguiente bloqueados. Por otra parte, los gigantes tecnológicos se niegan a bloquear el acceso a pornografía dura por parte de los niños. Facebook, por ejemplo, está entre los más prominentes proveedores de pornografía infantil en el mundo.
Uno de los asuntos que pueden resultar más alarmantes a los padres es que los niños tienen el “derecho a la libertad de expresión, [incluida] la libertad para buscar, recibir, e impartir información e ideas de todo tipo, usando cualesquiera medios de su elección”. La mayoría de los padres en el mundo seguramente tendrían objeciones a esta noción de que los niños tengan un derecho a información de “todo tipo”, de cualquier fuente.
El Comité que está preparando este documento, pidió a algunos niños informar al Comité sobre sus pareceres. Estos “niños reportaron que valoraban buscar en línea información y apoyo relativos a la salud y el bienestar, incluidos acerca de salud física, mental y sexual y reproductiva, pubertad, sexualidad y concepción”. Los redactores continúan diciendo que “los adolescentes querían especialmente acceso a servicios en línea de salud mental y de salud sexual y reproductiva, gratuitos, confidenciales, apropiados a su edad y no discriminatorios”. Previamente, la ONU ha definido “servicios de salud reproductiva” de modo que incluyan el aborto.
El Comité lidió con lo que ahora es comúnmente llamado sexting, práctica en la que las personas, incluidos niños, envían fotografías sexualmente explícitas a amigos e incluso desconocidos a través de Internet. El sexting puede ser ilegal cuando es realizado por niños, y el Comité quiere hacerlo legal. Dice el Comité: “Deberían crearse canales amigables para los niños, para permitir a los niños buscar consejo y asistencia en lo que se refiere a contenido sexualmente explícito autogenerado”.
El Comité sobre los Derechos del Niño es el Comité de “expertos” designados por Estados miembros de la ONU para hacer sugerencias a los países firmantes acerca de cómo implementar el tratado subyacente; en este caso, la Convención sobre los Derechos del Niño. Los conservadores, particularmente en los Estados Unidos, han criticado el tratado por muchas razones, entre ellas que el tratado considera a los niños como poseedores de derechos separadamente de sus padres.
Los Estados Unidos son casi los únicos que jamás han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por Austin Ruse.
Austin Ruse es presidente del Center for Family and Human Rights (C-FAM)
