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Es incomprensible que el Gobierno siga respondiendo a la nueva ofensiva del separatismo catalán contra la unidad de España con la tibieza que reflejan las cartas que Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Fernando Grande-Marlaska enviaron ayer al Gobierno catalán para expresar su alarma y preocupación por los acontecimientos y declaraciones de los últimos días. Era Pedro Sánchez quien tenía que haber firmado una carta, aún más explícita, sobre los mecanismos del Estado de Derecho para defenderse y, a la vez, defender a los catalanes de una organización que apuesta por la vía eslovena -con enfrentamientos y víctimas- para separarse de España. No se entiende la alergia que parece tener Sánchez a una nueva aplicación del artículo 155 para que el Estado ponga orden jurídico, político y social donde no lo hay. Va de suyo el rechazo de La Moncloa a la violenta vía propuesta por Joaquim Torra hacia la independencia. Sin embargo, la docilidad de este Gobierno ante cualquier abuso del separatismo resulta exasperante, y no parece que el PSOE vaya a aprender la lección tras el varapalo electoral de Andalucía.
Una cosa es la prudencia para no exaltar más los ánimos en Cataluña y otra, la inacción absoluta. Es lógico que si Sánchez impulsase contra su voluntad la intervención estatal de Cataluña sería interpretado como un fracaso personal. Pero estaba avisado sobre lo inútil de pactar con la Generalitat. El tacticismo no es una razón suficiente para huir del 155: primero porque electoralmente no le va a rentar nada, y segundo, y más relevante, porque su obligación como presidente es proteger los derechos de todos los españoles, y Sánchez incurre en una dejación de funciones alarmante.
El Gobierno interpreta que para una aplicación del 155 lo que deben contar son las «acciones». Pero ¿no es una acción la paralización por la fuerza, durante dos días, de carreteras? ¿No es una acción la convocatoria de una concentración masiva para «tomar» el Parlamento de Cataluña? ¿No es una acción el ataque sistemático a las propiedades de jueces y políticos, o esparcir estiércol ante sedes judiciales? ¿No es una acción permitir a los CDR apropiarse de las calles a su antojo y agredir a los mossos mientras se criminaliza a los agentes y se les impide defender el orden público? ¿No es una acción que un presidente de la Generalitat asuma el chantaje de los golpistas a la Justicia española, secundando una huelga de hambre de nula credibilidad? ¿Y no es una acción jalear a los radicales para que boicoteen la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona? Sánchez podrá intentar pactar cuanto quiera con el independentismo para salvar los presupuestos mientras el resto del PSOE le permita este absurdo cesarismo. Pero si lo hace, será contra los intereses de España, porque Cataluña está hoy fuera de control.
