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Nuevo operativo de la Audiencia Nacional contra la trama del 3%. Dentro de la llamada operación Colusorium, y por del Juzgado Central de Instrucción número 5, se están registrando un total de ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lérida, Vizcaya y Sevilla relacionadas con la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración Pública.
Dentro de la misma operación, se ha entregado un mandamiento judicial dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte cuantas actuaciones haya realizado en relación con el entramado de empresas que estarían involucradas en la adjudicación de determinados concursos.
Según informa la Guardia Civil, la investigación, que parte de las operaciones relacionadas con la investigación del 3%, comenzó con el análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados. Fechados entre los años 2008 al 2011, de estos emails se obtuvo que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas.
Según ha trascendido, y en connivencia con la administración autonómica, las citadas empresas habrían constituido una suerte de cartel con el que pactaban las ofertas con las que concurrían a los concursos públicos, tanto por lo que respecta a la oferta técnica como a la económica.
Mediante dicho pacto, “las empresas privadas que lo integraban acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a las empresas competidoras que eran ajenas al mismo”, añade la Guardia Civil. “Del mismo modo, las pesquisas de los investigadores han conseguido demostrar la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en el entramado corrupto”.
“En este marco, la Guardia Civil investiga el posible direccionamiento irregular de numerosos expedientes de contratación pública, constatándose la celebración de diversas citas con este objeto, entre los empresarios adjudicatarios y miembros del poder adjudicador”. En las actuaciones llevadas a cabo, se ha procedido al requerimiento judicial de los 10 expedientes objeto de investigación, que obran en poder de la empresa pública de Infraestructuras de Cataluña como órgano licitador y adjudicador de los mismos, para su posterior estudio y análisis.
Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, los registros se están llevando a cabo, en la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultorías independientes de Cataluña, el GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA , Ayesa Ingeniería y DOPEC SL.
La investigación, por orden de la Audiencia Nacional, trata de determinar si las comisiones acabaron alimentando a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
