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La Fiscalía de Álava ha solicitado una pena de cárcel de 29 años y 9 meses para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, acusado de liderar una trama de cobro de comisiones ilegales y adjudicaciones irregulares de contratos públicos.
El fiscal ha hecho público su informe final de acusación de este macroproceso con 26 imputados por la presunta trama corrupta, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés. El texto rebaja sustancialmente las peticiones de prisión para todos ellos y absuelve a seis que llegaron a un pacto con el Ministerio Público.
El ministerio público atribuye a de Miguel una veintena de delitos relacionados con las actividades de la presunta red corrupta, que habría operado entre 2005 y 2009, hasta que una empresaria denunció el entramado ante la Ertzaintza.
El caso se destapó en el año 2009, cuando una abogada denunció que Alfredo de Miguel, entonces diputado Foral de Álava de Administración Local, le había pedido una “comisión” de 100.000 euros por la adjudicación a su empresa de un trabajo para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano.
El escrito de la Fiscalía revela que se han cometido graves delitos y que existía un “entramado societario” que, aprovechando “las relaciones políticas y/o administrativas” de los principales acusados “con el Partido Nacionalista Vasco”, permitió obtener un “ilícito beneficio económico destinado al enriquecimiento personal” a buena parte de los 26 imputados. Además de De Miguel, y según el escrito presentado por la Fiscalía, una decena de excargos vinculados con el PNV tendrían que entrar en la cárcel en el que es el mayor caso de corrupción destapado en Vascongadas.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, también rebaja sus peticiones para Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, considerados también cabecillas de la trama. Sus peticiones se reducen de forma ostensible al pasar de 32 años y 2 meses a 13 años y 7 meses para cada uno.
El resto de los imputados por la Fiscalía son los siguientes:
Ainhoa Bilbao: mujer de De Miguel y socia de Kataia, la empresa sobre la que giraba la trama. La petición del fiscal pasa de 30 años y 6 meses a 5 años.
Araceli Bajo: esposa de Aitor Telleria y socia de Kataia. De 21 años y 6 meses a 5 años.
Iratxe Gaztelu-Urrutia: mujer de Ochandiano y también socia de Kataia. De 21 años y 6 meses a 5 años.
Aintzane de Miguel: hermana de De Miguel y encargada de la contabilidad de Kataia. Pedían para ella 13 años Ahora, 3 años y 4 meses.
Gurutz Larrañaga: exviceconsejero autonómico de Cultura y Juventud. El fiscal sustituye su petición de pena de 17 años de cárcel por 10 años de inhabilitación.
Josu Arruti Letamendia: empresario de la mercantil Sidepur que reconoció en el juicio una comisión para él y De Miguel del grupo Riera por una operación urbanística en Zambrana. Ve reducida su petición de pena de 19 años y 10 meses de cárcel a 1 año y 9 meses.
Josu Arruti Odriozola: padre del anterior y socio de Sidepur. La petición de cárcel pasa de 19 años y 6 meses a 9 meses.
Estíbaliz Arruti: hermana e hija de los anteriores. El fiscal pide ahora su absolución por no sostenerse la acusación (antes 6 años).
Gorka Errasti: esposo de la anterior. Pedían 6 años y ahora su absolución por prescripción del delito de blanqueo de capitales.
Francesc Fernández, Plácid Casas, Joaquín Sabater y Ramón Tomás Riba, empresarios vinculados con la operación Zambrana, para quienes el fiscal pedía 7 años y 6 meses para cada uno, solicita ahora su absolución.
Prudencio del Hierro, constructor que reconoció haber pagado una obra en una vivienda de De Miguel en Gorliz (Vizcaya), ve reducida su pena de 7 años de cárcel a 3 meses.
Justina Angulo, exalcadesa del PNV de Zambrana. El fiscal, que pedía 4 años y 6 meses de cárcel, solicita ahora 10 años de inhabilitación.
Alfonso Arriola: exgerente del Parque Tecnológico de Álava. Ve reducida la solicitud de cárcel de 21 años a 5 años y 9 meses.
Julián Sánchez-Alegría: expresidente de la Red de Parques Tecnológicos Vascos. De 17 años la petición pasa a 1 año y 9 meses.
Xabier Sánchez Robles: exdirector de Juventud del Gobierno Vasco. La petición pasa de 18 años y 4 meses a 8 años.
Iñaki San Juan: administrado de las empresas Ortzi Muga y Errexal. La petición fiscal era de 19 años y 2 meses de cárcel y ahora de 7 años.
Josu Montes: vinculado a estas mismas empresas. De 17 años y 6 meses pasa a 6 años.
Iñaki Echaburu: responsable del grupo Loizate. La petición de cárcel pasa de 11 años a 6 años y 8 meses
Miren Lourdes Bilbao: exdirectora del Parque Tecnológico de Araba. Su petición de pena disminuye de 11 años y 6 meses a 4 años.
Sergio Fernández Oleaga: socio único de la empresa Stoa. El fiscal solicita 7 años y 5 meses de cárcel frente a los 12 años iniciales.
(La Tribuna del País Vasco)
