Legitimidad del Alzamiento Nacional de 1936. Por Laureano Benítez Grande-Caballero

Una de las grandes mentiras que conforman la leyenda negra sobre el franquismo es afirmar que el Alzamiento de 1936 fue un golpe de Estado contra un gobierno legítimo y democrático representado por la República. La realidad es muy distinta, ya que la historia republicana es una continua sucesión de ilegitimidades, totalitarismos y golpes de Estado, cuyo horizonte final era la instauración en España de una dictadura comunista igual a la soviética.

La ilegitimidad de la II Republica

El 17 agosto 1930, la Alianza Republicana promovió el llamado «Pacto de San Sebastián», en la cual se acordó una estrategia para derribar la Monarquía y proclamar la Segunda República, mediante una huelga general revolucionaria en toda España, acompañada de pronunciamientos militares, el 15 de diciembre.

Elecciones de abril de 1931: fraude electoral

Los dirigentes de este golpe de Estado formaron el primer gobierno republicano, después de ejecutar un alevoso pucherazo en las elecciones del 14 de abril de 1931, que habían ganado por abrumadora mayoría los monárquicos: en las capitales de provincia los republicanos consiguieron 1.037 concejales, frente a los 552 monárquicos; en cuanto a los concejales elegidos el día 5 abril en primera vuelta, los republicanos obtuvieron 2.592 concejales, por 18.616 de los monárquicos; en el resto de las provincias, hubo 5.321 concejalías republicanas, por 10.997 monárquicas. Fueron los mismos monárquicos quienes entregaron traidoramente el poder a los republicanos.

Elecciones de noviembre de 1933 y revolución de Asturias de 1934

Otro intento de golpe lo perpetraron con las elecciones de noviembre de 1933, que ganaron claramente las derechas. Sin embargo, las izquierdas impugnaron los comicios, presionando a Alcalá-Zamora para que impidiese la apertura de esas Cortes. No lo consiguieron, pero lo que sí lograron fue que, bajo la amenaza de desencadenar una insurrección general, en el gobierno que se constituyó no hubiera ningún ministro que perteneciera a la CEDA, a pesar de que la confederación de las derechas había sido la clara triunfadora de los comicios. Puro golpismo.

Cuando el 4 octubre 1934 Alcalá-Zamora ―a pesar de las amenazas de las izquierdas― metió en el gobierno a tres ministros de la CEDA, al día siguiente se desencadenó en España un auténtico golpe de estado revolucionario, cuyo objetivo era acabar con la legalidad democrática.

El paladín de este golpismo rojo fue Largo Caballero, émulo de Lenin, quien afirmaba claramente el objetivo buscado por las izquierdas: «Si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble: colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la Guerra Civil declarada»… «Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista». «Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos»; «La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución».

Elecciones de febrero de 1936: fraude electoral

La apoteosis golpista llegó con las elecciones de febrero de 1936, donde alcanzaron el poder los mismos que habían organizado o colaborado con el golpe a la República en octubre del 34. Al terrorismo practicado por izquierdas durante la campaña electoral,  con advertencias de que jamás aceptarían un triunfo de la derecha, se unió la agitación callejera antes del recuento de los votos, el cual constituyó un colosal fraude, como han demostrado las exhaustivas investigaciones de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa en su libro «1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular», totalmente objetivas y científicas. Aunque sus resultados nunca se publicaron, la CEDA obtuvo 134 escaños, que superaron incluso los 115 obtenidos en 1933. Frente a esto, el PSOE sólo lograba 55, 4 menos que las anteriores elecciones, y el PCE solamente dos. A pesar de haber obtenido las derechas medio millón de votos más, las izquierdas consiguieron 114 escaños más que ellas.

Instaurada ilegítimamente a través de un pucherazo electoral en el año 1931, nacida bastarda y en la más flagrante ilegalidad, la segunda República tampoco legitimó su régimen con una práctica política cotidiana con arreglo a valores democráticos, ya que sus gobiernos de izquierda ejecutaron una serie de medidas que limitaban gravemente las libertades ciudadanas.

La constitución de la República –elaborada por la izquierda– se aprobó el 9 diciembre 1931 por las Cortes Constituyentes, sin someterla a referéndum.

Bajo la égida de las izquierdas, se impuso la censura previa a muchas actividades ciudadanas, hasta el punto de que la libertad de prensa fue una quimera, especialmente para las publicaciones derechistas, ya que la Ley de Defensa de la República de 1931 convirtió en delito ciertos ejercicios de la libertad de expresión y de información, por ejemplo «La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras», y «Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado». El objetivo de estas disposiciones legales era prohibir la crítica al gobierno o al régimen.

En cuanto a los desórdenes públicos, el fenómeno más característico de la etapa republicana, supusieron un colapso de la ley y el orden, amenazados por enormes y continuas turbulencias callejeras que produjeron gravísimas alteraciones del orden público: algaradas, altercados, asesinatos, insurrecciones, atentados, huelgas, quema de iglesias y conventos, etc.

Como decía Largo Caballero, “la revolución exige actos que repugnan, pero que después justifica la historia”. Y Araquistáin escribía a su hija: “La victoria es indudable, aunque todavía pasará algún tiempo en barrer del país a todos los sediciosos. La limpia va a ser tremenda. Lo está siendo ya. No va a quedar un fascista ni para un remedio”.

Y como también dijo La Pasionaria, «más vale ejecutar a 100 inocentes a que absolver a un solo culpable» (Discurso en Valencia, 1938).

El resultado final de todas estas actividades que sembraron España de caos, violencia y terror, fue que la segunda República también se hizo antidemocrática e ilegítima por su desgobierno, por su sectarismo, por su continuo golpismo, y por su incapacidad para mantener la autoridad ante las bandas y hordas revolucionarias que se enseñorearon de las calles con total impunidad.

En la práctica, las garantías constitucionales estuvieron suspendidas más de la mitad del tiempo que duró la República.

La violencia política durante el periodo republicano anterior a la guerra civil dejó un saldo de 2225 víctimas, mientras que en la Transición se reduce a 1005.

En cuanto al número de jornadas laborales perdidas por las huelgas, hasta el nacimiento de la República el año más conflictivo fue 1920, con 18,1 millones. Sin embargo, excepto en 1935, el resto de los años republicanos se superó ampliamente la cifra de los 500 millones de jornadas perdidas, alcanzándose en 1933 el récord de 1.127.015.

Ésta es, explicada con brevedad, la verdad de la historia de la ilegítima y antidemocrática Segunda República, que degeneró en un Frente Popular que pretendía implantar en España una dictadura marxista. Contra ella se alzó el pueblo español acaudillado por Franco.

Concluyendo, hay una diferencia esencial entre el alzamiento izquierdista del 34 y el derechista del 36. El primero atacó a un Gobierno plenamente legítimo tanto por haber ganado en las urnas por amplia mayoría como por haber respetado la Constitución, defendiéndola contra los insurrectos. En cambio, el alzamiento del 36 fue contra un Gobierno salido de una elecciones tan anormales que ni siquiera se publicó el resultado de las votaciones, un Gobierno que arrasó la ley desde el poder junto con un movimiento revolucionario en las calles y campos. Fue la caída de la democracia con el Frente Popular lo que ocasionó la guerra.

Estamos, pues, como he señalado en otro lugar, ante una falsificación radical, evidente a poco que se reflexione. “Consiste en la pretensión de que el Frente Popular representaba la democracia en España. Un somero repaso de los partidos de ese Frente permite entender la imposibilidad material del aserto: el grupo decisivo lo componían los stalinistas del PCE y los marxistas revolucionarios del PSOE, a veces más radicales aún que los comunistas; luego venían los anarquistas, los republicanos golpistas de Azaña y de la Esquerra, y los racistas del PNV. Todos ellos bajo la protección de Stalin.

Laureano Benítez Grande-Caballero, escritor e historiador.