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Yolanda Gómez.- Se acerca el 10 de noviembre, y aunque los ecos de la sentencia del procés en Cataluña y la exhumación de Franco lo inundan todo, y dejan poco margen para el debate sobre los programas electorales, hacemos mal los periodistas y hacen mal los ciudadanos, en no prestar atención y analizar lo que nos ofrecen los distintos partidos políticos. El ganador de las elecciones, o las coaliciones que puedan formarse, tendrán que hacer frente a un delicado escenario económico dentro y fuera de nuestras fronteras, y no todas las recetas tienen los mismos efectos sobre la crisis que se avecina. Como viene siendo habitual, la izquierda -PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid- apuesta por aumentar el gasto público, en especial el gasto social, y financiarlo con subidas de impuestos, ellos dicen que «a los ricos»; mientras el de centro-derecha tiene como propuestas estrella, en mayor o menor medida, la reducción de impuestos y las deducciones para familias y para autónomos y emprendedores. No obstante, las fronteras, como hemos podido comprobar muy bien los últimos años, no son tan claras cuando unos y otros gobiernan.
En el bloque de la izquierda, las diferencias en los programas económicos son más de grados en las medidas que de objetivos. Así por ejemplo, mientras Unidas Podemos y Más Madrid hablan de la derogación de la reforma laboral, el PSOE ya ha matizado su discurso y se conforma con modificar algunos aspectos. Todos ellos abogan por subir el salario mínimo, pero mientras los partidos de Errejón e Iglesias le ponen cifra a la subida:quieren que llegue a 1.200 euros;los socialistas plantean la subida referenciada al salario medio, quieren que llegue hasta el 60%de este salario. Todos plantean también que se fije una renta mínima, y Podemos y Más Madrid abogan también por crear una banca pública.
En materia impositiva, también hay semejanzas entre los tres partidos de la izquierda: pretenden crear impuestos verdes para «gravar a quien contamina»; subir los impuestos a las empresas; subir el IRPF a las rentas más altas; crear impuestos a la banca, y obligar a que todas las comunidades cobren el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio. De hecho, esta semana la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, arremetió contra la Comunidad de Madrid por tener bonificaciones del 99% en este tributo y ya advirtió que quiere fijar un tipo mínimo en todas las comunidades. Podemos y Más Madrid quieren, además quitar las deducciones a los planes de pensiones.
En los partidos de centro-derecha, los populares apuestan por lo que llaman una revolución fiscal: Bajar el tipo máximo del IRPF por debajo del 40%;situar el de Sociedades por debajo del 20%; eliminar los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio y el Impuesto de actos jurídicos documentados para comprar vivienda habitual, e introducir más incentivos fiscales para el ahorro. Cs, como el PP propone reducir el tipo máximo del IRPF, introducir más deducciones para las familias y suprimir el Impuesto de Sucesiones. Yen lo que hay bastante coincidencia es en lo que a pensiones se refiere. Unos y otros quieren ganarse el favor de los más de nueve millones de pensionistas, por lo que todos plantean sus mejoras.
No obstante, y bien lo saben los expresidentes Zapatero y Rajoy, que todas estas medidas, que tan bien quedan en los programas electorales, pueden ser de difícil aplicación si finalmente la desaceleración se convierte en recesión. Fue el socialista Rodríguez Zapatero quien congeló las pensiones, quitó una paga a los funcionarios y aprobó una ley para retrasar la edad de jubilación. Y fue el popular Rajoy quien subió el IRPF y el IVA para evitar el rescate con el que amenazaba Bruselas. Y aunque creo que las políticas liberales y de rebajas de impuestos permiten crear más riqueza y empleo que las intervencionistas, y esa es la única manera de poder repartirla, en una situación como la que se avecina, la moderación tanto en el gasto como en la rebaja de impuestos puede ser la mejor receta.
Las cifras
Los datos de la EPA del tercer trimestre, los peores desde la recesión de 2012, con una mínima reducción del paro, apenas 16.200 personas, y la creación de 69.400 empleos, un tercio que el año anterior, confirman la fuerte desaceleración de la economía española. La deuda pública, cercana al 100% del PIB, deja poco margen de maniobra al Gobierno que salga de las urnas para tomar medidas de gastos o ingresos para reactivar la economía.
Otra vez el tibio empresariado catalán
Las patronales catalanas, Fomento del Trabajo y Pimec, han vuelto de nuevo a las medias tintas. En lugar de poner negro sobre blanco la factura del procés y pedirle al Gobierno catalán y al español que garanticen el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden público, para evitar que continúe el deterioro de la imagen de Cataluña que tanto daño le hace a su economía, y, por tanto, a sus empresas, se limitan a pedir diálago. Pero ningún Gobierno, ni siquiera el de Sánchez, puede dialogar con quien se niega a acatar las leyes y las sentencias judiciales, con quien lejos de condenar la violencia anima a los violentos, y con quien amenaza con volver al camino de la unilateralidad. No se puede mantener indefinidamente la equidistancia, aquí no todos están actuando igual.
