Las administraciones públicas maltratan a nuestros ancianos

Mi suegra tiene 84 años, y es viuda. A Dios gracias, se vale para ella, y vive sola. No obstante, y como es lógico, estamos muy pendientes y le ayudamos en todo lo que podemos, sobre todo cuando se trata de hacer gestiones en organismos oficiales, empresas de suministros, etc.

En los últimos tiempos, conforme se va “bolivarizando” España, las administraciones públicas ofrecen tarifas reducidas por determinados suministros, o subvenciones por la instalación de ascensores en casas donde no hay, por ejemplo.

Asimismo la empresa de autobuses urbanos de Zaragoza, y supongo que las de toda España, o la Telefónica, la compañía del gas, de electricidad (ese robo mensual a millones de españoles), etc., permiten acogerse a reducciones de cuotas, previa presentación de una ingente cantidad de documentos, que hay que ir a pedir a Hacienda, a la Seguridad Social, al Ayuntamiento, etc.

Organismos todos ellos que ahora “ya pasan” de atender a los ciudadanos dentro del horario de apertura al público, que suele ser de lunes a viernes, de 9 de la mañana a las 14 horas, por término medio… De forma que cuándo acudes allí, ves a unos indolentes empleados cotilleando, viendo chorradas por internet o pasando de todo que te dicen que como no has pedido hora ¡por internet!, pues que no te pueden atender.

¿Cómo va a pedir hora por Internet una señora de 84 años, con escasos estudios primarios, y que ni siquiera sabía manejar un móvil de los antiguos que en su día le facilitamos, para que pudiera llevarlo en el bolso y tenerla siempre localizada?

Situación que, mucho me temo, se repite en cientos de miles de familias españolas, posiblemente en millones.
Comprendo que los tres millones y medio de empleados públicos de los que nos “hemos dotado”, más el medio millón de políticos profesionalizados, tienen que justificar sus sueldos, y hacer ver que hacen algo…, aunque solo sea tocar los cojones a los que les pagan el sueldo.

¿No sería preferible, para simplificar todos esos trámites, atender directamente a los ciudadanos y contribuyentes que, repito, somos los que les pagamos el sueldo, y hacernos firmar una autorización para poder acceder a nuestros datos catastrales, fiscales, de seguridad social, de renta, de patrimonio, y no “obligar” a personas de 80 o 90 años a ir de aquí para allá, como almas en pena, con un gran esfuerzo físico y personal, de cuerpos ya mermados por la vida, la crianza de los hijos, el trabajo, las enfermedades…?

¿Tan difícil es tener un poco de humanidad con los demás?

*Abogado, profesor universitario de Derecho y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.