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Los amigos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, asesinos de masas y acusados de crímenes contra la humanidad.
La OEA publicó este miércoles un informe reafirmando los crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Venezuela, en el que además resalta la inacción de la fiscal de la Corte Penal Internacional.
El informe (pdf) titulado “Fomentando la impunidad: El impacto de la ausencia de una investigación de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” señala que desde la publicación del reporte de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han “aumentado en escala, alcance y gravedad”.
De acuerdo con el documento, desde 2014 se han realizado 18,093 ejecuciones extrajudiciales, 15,501 detenciones arbitrarias u otras instancias de privación severa de libertad, así como 653 casos documentados de tortura y 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.
Otro de los hallazgos es el uso de la violación y la violencia sexual como “armas” por parte del régimen, incluso como “método de tortura”.
“Se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mostrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”, dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un comunicado publicado el 2 de diciembre.
El informe, producido de manera probono por Jared Genser, asesor especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger, afirma que las instituciones gubernamentales, incluidas las fuerzas de seguridad y el poder judicial, han sido utilizadas como armas contra sus ciudadanos y advierte que el estado de derecho “ya no existe” en el país.
Debido a lo anterior, para la OEA la justicia internacional sería el único recurso restante, sin embargo, la organización califica de “fracaso” la realización de un examen preliminar de manera expedita y el inicio de una investigación por parte de fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda.
“La única conclusión razonable a la que se llega al examinar la escala y amplitud de los abusos contra los derechos humanos (…) es que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional”, dijo Genser.
“Por lo tanto, es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una investigación sobre los presuntos delitos”, agregó.
La fiscal inició una investigación sobre el caso de Venezuela en febrero de 2018: y en septiembre del mismo año Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú–seis países miembros del Estatuto de Roma–presentaron el caso a la CPI, pero después de casi tres años, solamente se ha completado dos de las cuatro etapas de su “examen preliminar”, dijeron los funcionarios.
“En ausencia de cualquier forma de rendición de cuentas o justicia por parte de la CPI, el régimen se ha envalentonado para cometer más crímenes, en la creencia que puede actuar con total impunidad”, dice el comunicado.
En septiembre, Estados Unidos anunció sanciones contra Bensouda por las investigaciones sobre el papel de las tropas estadounidenses en la guerra de Afganistán ya que el país “nunca ratificó el Estatuto de Roma que creó esa corte”, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo. Sin embargo, Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma por lo que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio de Venezuela o por ciudadanos venezolanos desde el 1 de julio de 2002.
En el reciente informe, la OEA recomendó a Bensouda proceder “lo más rápidamente posible” para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre “el deterioro de la situación” en el país, y resaltar el “verdadero alcance y gravedad” del país en el próximo “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.
