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La lista de promesas incumplidas que acumula Pedro Sánchez en apenas siete meses de mandato carece de precedentes, pero si algo está caracterizando su forma de ejercer el poder es la hipocresía y el acentuado cinismo que ha demostrado hasta el momento, ya que hoy se vanagloria en el Gobierno de lo que criticaba en la oposición. El líder del PSOE, que tanto blandió la bandera de la honestidad y la transparencia para llegar a La Moncloa, se ha revelado como un maestro del descaro y la opacidad. Prueba de ello es su despreocupada y abusiva utilización de medios públicos, financiados con el dinero de todos los contribuyentes, para asuntos de índole estrictamente personal, tal y como sucede con sus polémicos viajes en transporte oficial. Poco después de llegar al Gobierno, Sánchez se traslado en el avión presidencial de las Fuerzas Aéreas a Castellón, viaje que terminó en un concierto de rock. Y no fue la única vez. Ese mismo verano usó el helicóptero oficial para acudir a la boda de su cuñado en un pueblo de La Rioja y el pasado fin de semana volvió a subirse a una aeronave militar para irse de vacaciones con su familia a Lanzarote. El empleo de recursos públicos para fines privados constituye un despropósito, puesto que tales medios se idearon para cubrir los viajes oficiales del presidente, no sus escapadas familiares. Sin embargo, más grave si cabe es el inaceptable ocultismo que ejercita el Gobierno para evitar que la opinión pública conozca el coste de tales dispendios.
Tras varias peticiones amparadas en la Ley de Transparencia para averiguar la factura total que supuso el desplazamiento de Sánchez y sus acompañantes al Festival de Benicàssim, la respuesta de la Presidencia supone un desprecio absoluto hacia el conjunto de los españoles, dado que lo cuantifica en 283 euros. Tan solo una hora de vuelo en el citado avión cuesta más de 5.600 euros, y eso sin contar el coste del personal, la apertura del aeropuerto de Castellón o el gasto en el alojamiento de Sánchez y sus familiares y amigos.
Y lo peor de todo es que, tras negarse inicialmente a ofrecer dato alguno, esa ridícula cifra es la respuesta del Gobierno a una resolución del Consejo de la Transparencia en la que exigía la publicación del coste total de dicho viaje, vulnerando así la normativa existente con el falaz argumento de que se trata de un secreto de estado. El problema es que ni el traslado en cuestión fue catalogado como tal en ningún momento ni la solicitud de información versa sobre aspectos que puedan comprometer la seguridad del presidente, puesto que tan solo se ciñe al uso de partidas presupuestarias. El manejo del dinero público debe ser conocido por la ciudadanía, como bien establece la ley, y más aún si va destinado a fines particulares. La transparencia que prometía Sánchez brilla por su ausencia.
