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La Agencia Catalana de Consumo, órgano que depende del Gobierno catalán, ha expedientado a Playmobil por no etiquetar las cajas de sus juguetes en catalán. Este expediente se ha abierto a partir de una denuncia de la Plataforma per la Llengua (una organización cuyo objetivo es promover la lengua catalana) dirigida al Gobierno catalán y en la que indicaba que tanto Playmobil como Lego «se negaban a cumplir la ley de consumo».
Aunque Playmobil, que tiene su sede en la ciudad alicantina de Onil, ha dejado claro que no va a etiquetar sus productos en catalán, la sanción puede implicar un coste de hasta 100.000 euros. Según ha indicado el jefe de comunicación de Playmobil, Björn Seeger, el departamento legal de la empresa entiende que la ley de consumo no les afecta, ya que «según el Tribunal Constitucional de España», el legislador catalán puede regular que la documentación sea también en catalán cuando los productos estén destinados «a ser vendidos exclusivamente en Cataluña». «Pero este no es nuestro caso. Nuestros productos no se comercializan solo en Cataluña, sino también en otras comunidades autónomas, por tanto la documentación solo es obligatoria en castellano», apunta Seeger.
En su página web, la plataforma responde a la multinacional y niega que la sentencia que cita Playmobil diga tal cosa, sino la contraria: «A partir de la prescripción estatal con arreglo a la cual los datos obligatorios del etiquetado “se expresarán necesariamente al menos” en castellano, la Generalidad se encuentra plenamente habilitada para establecer igual necesidad por lo que hace a la lengua catalana». Además, añaden: «La sentencia 88/2017 aclara que “La Comunidad Autónoma de Cataluña es competente para adoptar una regulación donde se establezca la obligación de que determinados documentos e informaciones sobre los bienes o servicios comercializados en Cataluña se encuentren también en catalán”».
En este marco, la plataforma ha denunciado a las jugueteras Playmobil y Lego a la Agencia Catalana de Consumo para que sean sancionadas, motivo por el cual recibirán una sanción de entre 10.001 y 100.000 euros, en función de lo que establece el artículo 332-3 de la Ley del Código de consumo.
