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La Abogacía del Estado ha defendido su acusación por sedición contra la cúpula del “procés” y ha descartado el delito de rebelión del que acusa la Fiscalía, dado que cree que la violencia no es “uno de los elementos estructurales del plan” de los acusados para alcanzar la independencia ni se organizó “de forma proporcionada”.
Pero sí que considera, según ha expuesto la jefa de lo Penal de la Abogacía, Rosa Seoane, ante el tribunal del “procés” que los acusados participaron “de forma absolutamente predeterminada y organizada” en un “alzamiento público y tumultuario que tuvo lugar el 1-O” con la “finalidad clara de impedir y neutralizar” el mandato judicial que ordenaba impedir el referéndum, declarado ilegal. Es decir, que hubo sedición.
La Abogacía, dependiente del Gobierno, ve en el 1-O “un movimiento reactivo con carácter generalizado, masivo y desde luego público” y ha destacado las “concentraciones masivas de personas dotadas de cierta organización”, preparadas para “impedir la aplicación de la ley”.
