¡Comparte esta publicación!
La Dirección General de la Aviación Civil de Francia (DGAC) requisó durante menos de un día un avión de Ryanair en el aeropuerto de Burdeos (suroeste) hasta obligar a la compañía irlandesa a devolver este viernes unas subvenciones que había recibido en 2008 y 2009 y que la Comisión Europea había declarado ilegales.
La incautación del aparato, un Boeing 737 que había llegado este jueves a Burdeos desde Londres y tenía que volver a la capital británica poco después, se prolongó hasta este viernes a las 12.30 locales (11.30 GMT), cuando Ryanair abonó 525.000 euros, explicó a Efe un portavoz de la DGAC.
Está previsto que la aeronave despegue este viernes mismo de la ciudad francesa. La aprehensión afectó este jueves a 149 pasajeros que para viajar a su destino (Londres) tuvieron que hacerlo en otro vuelo de Ryanair con cinco horas de retraso.
Las autoridades de la aviación insistieron en que la decisión de recurrir a la Justicia para la incautación se tomó como “último recurso” después de que hubieran fracasado otras solicitudes y tentativas para recuperar el dinero.
El Estado francés reafirmó así su “voluntad de garantizar las condiciones de una competencia leal entre las compañías aéreas y los aeropuertos”.
Se trataba de recuperar los 525.000 euros que reclamaba a la aerolínea de bajo coste el departamento de Charente por las ayudas que recibió por operar en el aeropuerto de Angulema en 2008 y 2009. La Comisión las declaró ilegales el 23 de julio de 2014.
Se da la circunstancia de que la aerolínea irlandesa anunció a finales de septiembre la apertura de dos bases en Francia, una en Marsella y otra en Burdeos, siete años después de haber desmantelado las que tenía en el país por unas sentencias adversas sobre sus contratos laborales.
En Burdeos, los planes pasan por instalar a partir de abril de 2019 dos aviones (la inversión es de unos 200 millones de euros) y realizar 70 vuelos semanales.
Ryanair tiene pendiente la devolución de otras dos partidas de subvenciones en Francia que Bruselas también declaró ilegales, una de 2,8 millones de euros al aeropuerto de Pau y otra de 6,4 millones al de Nimes.
En ambos casos no hay riesgo de que se produzcan nuevas incautaciones porque, aunque no ha abonado el dinero, la misma aerolínea había establecido reservas por esas cantidades en espera de que se agotaran las vías de recurso.
