El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció en junio del año pasado la reducción de subvenciones a sindicatos, patronal y agentes sociales en general por importe de más de 20 millones de euros, una de las exigencias de VOX para el acuerdo alcanzado con el Partido Popular en la región.
Así, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, dirigida por Mariano Veganzones, redujo en la cantidad citada las diferentes partidas destinadas a los principales sindicatos y a la patronal.
Las partidas que se han eliminado son las que corresponden a las subvenciones para prevención de riesgos laborales, la mediación del SERLA (el servicio de mediación laboral extrajudicial), así como la «reorganización» de los doce millones de euros que hasta ahora se destinaban a los planes de orientación laboral.
Desde entonces, la central sindical CCOO no pasa por sus mejores momentos en la comunidad. En el mes de julio presentó un despido colectivo —con el que se concluyó el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se presentó en mayo— que afectó a 58 trabajadores, rozando del 60% de la plantilla.
Y ahora el sindicato asegura que no tienen dinero «para pagar las nóminas de agosto». En un comunicado, han explicado que el SERLA no cuenta ya con el presupuesto suficiente para hacer frente a los pagos. Aseguran que su director ha realizado ya varias peticiones de la necesidad de aportaciones económicas para la supervivencia del Servicio a las que la Consejería ni siquiera ha respondido.
Según CCOO, VOX «ha intentado desmantelar este servicio» y la aportación de «tan sólo» 400.000 euros en abril de 2023 por los requerimientos realizados por el Gobierno a la Junta, es «totalmente insuficiente».
