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En el debate político abierto con motivo de las elecciones andaluzas, la aparición de iniciativas tendentes a una futura reversión de competencias regionales en favor del Gobierno central no supone en absoluto una deslegitimación del Estado autonómico. Ni la España de las autonomías está en cuestión ni puede sostenerse con un mínimo rigor intelectual que la idea formulada por el PP de que las comunidades renuncien a gestionar la Educación, o parcialmente cedan competencias en materia de Justicia o Sanidad, responda a un concepto radical de la política.
Sería absurdo que unos partidos planteen como legítimo un debate sobre la desaparición de la Monarquía o sobre la superación de la Constitución en favor de un régimen federal, y que otros, igualmente democráticos, no pudiesen proponer un replanteamiento de las competencias cedidas durante cuarenta años a las autonomías si su funcionamiento es anormal, o sencillamente fallido.
Cuando hay comunidades gobernadas por partidos independentistas que utilizan las aulas como medio de adoctrinamiento en favor de la secesión, o que educan en el odio a España y en la manipulación de la historia, es evidente que el sistema educativo funciona de modo anormal. Transformar toda una administración autonómica en una herramienta espuria para enaltecer una causa inconstitucional que infringe la legalidad es algo que exige una réplica de los partidos constitucionalistas, y no enjuagues amparados por el paraguas de un pretendido «diálogo». Por eso es legítimo proponer que Cataluña pierda la competencia en materia penitenciaria, u oponerse a que el Gobierno socialista se la ponga en bandeja al PNV en el País Vasco.
Abrir el debate sobre la recuperación de competencias por parte del Estado es lícito y oportuno. La defensa férrea de una España de las autonomías no es incompatible con la necesidad de reformar aquello que perjudique el interés colectivo de todos los españoles. O cuando, como en el caso de la educación, o la gestión de la Justicia y la sanidad, se fabrica una España a diecisiete velocidades que requiere, como mínimo, una revisión crítica y acorde con los estándares medios de calidad de otros países.
