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Los estados buscan impedir que la administración Biden haga cumplir su orden de revocar el permiso para la construcción del oleoducto Keystone XL.
[L]a administración de Joe Biden tiene en su contra una demanda de 21 estados por revocar el permiso presidencial de 2019 para el oleoducto Keystone XL que iba a vincular a EE. UU. con Canadá, lo cual sacrificó miles de fuentes de trabajo.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció este jueves que junto al estado de Montana están presentando una demanda que establece que el presidente Biden no tiene la autoridad unilateral para cambiar la política energética que ha establecido el Congreso.>El poder de regular el comercio exterior e interestatal pertenece al Congreso, no al presidente”, dijo el fiscal general de Montana, Austin Knudsen.
La mayor preocupación de los fiscales: el abuso de poder
“Este es otro ejemplo de Joe Biden que se extralimita en su papel constitucional en detrimento de los habitantes de Montana”, aseguró Knudsen.
“Ni siquiera hay un beneficio ambiental percibido en sus acciones. Su intento de cancelar el oleoducto Keystone XL es una señal de virtud vacía para sus ricos donantes de la élite costera. Muestra el desprecio de Biden por las comunidades rurales en Montana y otros estados a lo largo del camino del oleoducto que se beneficiarían y apoyarían el proyecto», agregó.
Como el oleoducto cruza la frontera, el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de regular el comercio interestatal e internacional, incluido el otorgamiento o rechazo de permisos para oleoductos que cruzan una frontera internacional, dicho poder reside en el Congreso.
Pérdidas de “decenas de millones de dólares en ingresos fiscales”
“Los estados del oleoducto, así como sus condados, comunidades locales y distritos escolares estaban dispuestos a ganar decenas de millones de dólares en ingresos fiscales por la construcción y operación del Keystone XL. El impuesto a la propiedad estimado total del proyecto Keystone XL en el primer año completo de operaciones sería de aproximadamente 55,6 millones de dólares, distribuidos en 27 condados en solo tres estados: Montana, Dakota del Sur y Nebraska”, dice la demanda.
«Estos ingresos beneficiarían particularmente a las áreas rurales más pobres, proporcionando una afluencia de recursos muy necesaria para financiar importantes servicios públicos y comunitarios», resalta.
Y detalla además que la revocación del permiso les costará a las comunidades “decenas de millones de dólares en ingresos fiscales anuales” y oportunidades comerciales y laborales para los residentes.
Los estados solicitan a la Corte Federal de Texas que declare que la administración de Biden había actuado de manera ilegal e inconstitucional cuando revocó el permiso. Con esta acción buscan impedir que la administración Biden haga cumplir su orden de revocar el permiso para la construcción del oleoducto Keystone XL.
La demanda fue presentada en la corte de distrito federal de Texas. En total, la demanda une fiscales generales de 21 estados: Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia Occidental, y Wyoming, además de Texas y Montana.
Biden busca borrar el legado de Trump a toda costa
Por su parte el fiscal de Texas asegura que “desde su primer día en el cargo, el presidente Biden se ha propuesto deshacer todo el progreso de la administración anterior, sin tener en cuenta los límites constitucionales de su poder. Su decisión de revocar el permiso del oleoducto no solo es ilegal, sino que también devastará los medios de subsistencia de miles de trabajadores, sus familias y sus comunidades”.
«Esta administración continúa promocionando trabajos imaginarios de energía verde, sin ningún reconocimiento de que sus acciones en el mundo real harán imposible que los estadounidenses trabajadores pongan comida en la mesa», continuó.
El ala socialista del Partido Demócrata presiona agenda ambientalista
Los fiscales advierten un inminente «autoritarismo» de Biden. Pues mediante órdenes ejecutivas se dedicó los primeros días de su administración a borrar la labor de su predecesor.
En cuanto al oleoducto Keystone, Biden revocó un permiso para el oleoducto que transportaría 830.000 barriles diarios de crudo pesado con alto contenido de carbono desde Alberta, Canadá hasta Nebraska, EE. UU. Lo cual a su vez destacó cómo el ala progresista del Partido Demócrata, que viste una agenda socialista de color verde, es en términos coloquiales lo que se considera “sandía”: verde por fuera y rojo por dentro.
El jefe del comité de energía del Senado de Estados Unidos, Joe Manchin, instó a Biden el mes pasado a revertir su oposición al oleoducto Keystone XL, diciendo que el proyecto proporciona empleos sindicales y es más seguro que transportar el petróleo en camiones y trenes.
No obstante, Biden ganó el apoyó de la juventud progresista prometiendo desalentar la industria carburífera y más que él, su vicepresidente, Kamala Harris.
Mientras, en el parlamento, legisladoras como Alexandria Ocasio-Cortez lideran la agenda ambientalista que va de la mano de elevados impuestos, recortes de trabajo e intervencionismo estatal en la industria energética.
Al elegir Biden ignorar a voces históricas dentro del partido como la de Manchin y abrazar una agenda “progresista” revela cómo y cuánto el Partido Demócrata se está radicalizando. Pero sobre todo, como advierten los fiscales, se está extralimitando en el poder: por decreto.
