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El presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha anunciado que la formación llevará ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda que ratificó el Parlamento catalán a principios de febrero. Considera que la normativa protege a los okupas y desprotege a los propietarios.
“Este decreto es profundamente antisocial porque, mientras las familias humildes, trabajadoras y honradas esperan pacientemente en las listas de alquiler y de compra social, mafias violentas ocupan viviendas por la vía de los hechos consumados y encima reciben el apoyo del Govern”, ha explicado Fernández.
El decreto, que fue aprobado con los votos a favor de JXCat, ERC, Comuns y la CUP (el PSC se abstuvo y Ciudadanos y el PP votaron en contra), obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los okupas que lleven en la casa seis meses y eleva al 40% el porcentaje de suelo destinado a VPO en las nuevas promociones del Área Metropolitana de Barcelona.
También contempla la creación de un índice de referencia de precios de alquiler de viviendas y obliga al arrendador a comunicarlo al inquilino antes de firmar el contrato de arrendamiento y que conste en dicho contrato (en caso de incumplimiento el propietario puede acarrear multas de hasta 9.000 euros), así como la puesta en marcha de medidas para activar y generar más suelo destinado a levantar VPO. Por otro lado, la calificación de las viviendas protegidas construidas en suelos públicos pasa a ser permanente.
Las medidas que recoge que el Decreto Ley 17/2019 de 23 de diciembre de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda han levantado ampollas en el sector privado. En su opinión, el contenido de la normativa es un “drama” y provoca “desprotección” a los propietarios en toda la comunidad autónoma.
El responsable del PP en Cataluña también ha avanzado que va a animar al Gobierno central a que presente un recurso de inconstitucionalidad y que la formación va a presentar una nueva ‘ley antiokupa’.
En otras regiones como Madrid, el partido ya ha dejado claro que no dudará en acudir al Tribunal Constitucional para defender sus competencias, en clara alusión a la intención del Ejecutivo de crear un índice de precios del alquiler. Una propuesta que llegará en primavera, según ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, y cuyo objetivo es servir de referencia para que ayuntamientos y comunidades autónomas regulen los precios en las zonas más tensionadas.
