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En la era de la privacidad, cualquier movimiento enfocado a recopilar datos personales suscita una gran inquietud entre los ciudadanos. El seguimiento y vigilancia de las personas preocupa, máxime a los continuos escándalos que surgen por parte de las empresas tecnológicas. En este contexto, la iniciativa del Instituto Nacional de Estadística (INE) de seguir los movimientos de los móviles durante ocho días en los próximos meses de cara a realizar un estudio de movilidad ciudadana, según confirman fuentes del organismo a ABC de la información adelantada por «El País».
Para ello, el organismo demoscópico ha alcanzado un acuerdo con las tres principales operadoras nacionales, Vodafone, Orange y Movistar, que han confirmado a su vez a este diario el proyecto en que se obtendrá una cesión de datos procedentes de la ubicación de los móviles de los usuarios. «Es completamente legal porque es un uso estadístico de datos agregados y anonimizados», manifiestan fuentes de las empresas de telecomunicaciones. Fuentes del INE, por su parte, han insistido a ABC que se trata de datos «agregados y anonimizados» con lo que resulta «imposible» identificar a ninguna persona con sus nombres y apellidos porque se trata de únicamente «recuentos».
Para la obtención de la información está previsto dividir el territorio nacional en celdas compuestas por un mínimo de 5.000 personas y se tomará la posición de los móviles en determinadas horas. Algo que permitirá saber, por ejemplo, de qué celda a qué celda se mueven para ir trabajar, cuáles son los destinos más comunes de vacaciones o si se trata de una ciudad «dormitorio» en donde por la noche existe una mayor concentración de personas.
Fuentes de las operadoras aseguran, por su parte, que no se va a facilitar datos de clientes. «Es lo que antes harías a una encuestas al uso, es ahorrar costes a la Administración utilizando los datos que se reciben los operadores en las antenas», añaden a este diario, quienes aseguran que «no existen datos de clientes por ningún lado». Pese a todo, son muchas las dudas que se ciernen sobre esta macroencuesta. «En principio, si los datos están anonimizados no debería de haber problema», explica a ABC Sergio Carrasco, experto en derecho digital. «El riesgo está en que si se cediera a un granulado, a una especificación muy grande, se podría identificar a gente. Todo depende de a qué nivel se recogen los datos. Si es para un fin legítimo estaría dentro del marco legal», matiza.
Más crítica se muestra Ofelia Tejerina, presidente de Internautas, que en conversación telefónica con este diario cree que «si los datos no están anonimizados» y «si existe la más mínima posibilidad de asociar esos datos» la responsabilidad «es tremenda» para el INE. «Si nos están diciendo que es para estadísticas y que es imposible asociarlo [a una persona] pueden meter la pata», considera. “El grave problema de todo esto es que no sabemos lo que van a hacer con los datos asociados», añade.
A su juicio el hecho que las grandes operadoras vayan a hacer un rastreo masivo de sus usuarios es «algo que está en contra del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) porque no es necesario del servicio». Además, al no darles permisos a las operadoras para realizar este seguimiento se estaría saltando el RGPD al igual que la falta de transparencia sobre la conservación de los mismos, de obligado cumplimiento por la ley de conservación de comunicaciones electrónicas. «Tendrían que ser transparentes con sus usuarios de que no va a correr ningún riesgo, que están perfectamente disociados antes y después del rastreo», recalca. «Está prohibido el rastro masivo, no tiene ninguna justificación. El riesgo es volver a agregar esos datos».
