El golpe de Estado militar desde una perspectiva sociológica. Por el Teniente Coronel Enrique Area Sacristán

Las ciencias sociales de las últimas tres décadas, que han centrado sus investigaciones sobre las Fuerzas Armadas, se han detenido en el estudio de la continua intervención de éstas en los asuntos políticos nacionales, de forma que los trabajos sobre las relaciones cívico-militares, el papel de las Fuerzas Armadas en la vida política y los mecanismos de articulación entre la institución militar y el resto de la sociedad son algunos de los campos más desarrollados en esta temática. En este sentido, se procede a ofrecer una síntesis de los principales análisis centrados en el estudio de la participación política de los militares en algunas naciones donde se ha dado, como España. (Bustamante: 1990).

1. La intervención de las Fuerzas Armadas en la política tiene lugar en el marco de una sociedad civil formada de diversos estratos con intereses y prioridades variadas y contrapuestas. La intervención sería de carácter instrumental a favor del interés de alguno de los sectores civiles.
2. La intervención de las Fuerzas Armadas responde a los intereses (estratégicos, económicos, etc.) de un poder (gobierno, grupo de presión, etc.) extra nacional.
3. La participación de las Fuerzas Armadas en la actividad política nacional responde a la afinidad de éstas con los programas o los valores de una determinada clase social. En esta perspectiva se encuadra la tesis del golpe militar de clase media, según la cual los militares constituyen el instrumento más adecuado para imponer el proyecto de desarrollo de los sectores medios en contra de las oligarquías tradicionales (Nun: 1969; Huntington: 1972, y Johnson: 1964).
4. La participación militar en la actividad política se genera como defensa del statu quo vigente; los militares actúan como agentes de las hegemonías ya establecidas por otros conductos.
5. La intervención en la arena política de las Fuerzas Armadas es reflejo de los intereses de éstas como un estrato social que posee aspiraciones propias, que no parece ser el caso de España.
6. La meta que se pretende conseguir a través de su actividad política es la promoción del bienestar personal, ya sea de los altos mandos, de un grupo de oficiales o de su comandante en jefe.
7. El deseo de incrementar el bienestar social o material se hace extensivo a todo el personal militar.
8. La defensa del interés profesional tiene lugar en tanto corporación, independientemente del bienestar personal de sus integrantes.
9. La intervención militar en los asuntos públicos es producto de unas definiciones previas sobre el desarrollo y los objetivos del Estado y sobre la ética específica de la función (misión) castrense en la consecución de éstos (Rouquie: 1984).
10. La actividad de las Fuerzas Armadas en la esfera política responde a la necesidad de éstas de solucionar la contradicción inherente al asincronismo entre la modernización técnica y las pautas racionales-instrumentales de los militares y la incapacidad de la sociedad política y civil para proporcionarles un orden social compatible con sus anteriores caracteres. En este sentido, sus intervenciones políticas se orientan hacia la creación de un marco socioeconómico que permita el desarrollo de su profesión (Huntington: 1964; Pye: 1962, y Stepan: 1973).
11. Las Fuerzas Armadas, durante sus intervenciones en la actividad política, son instrumentos de algún tipo de proceso impersonal de desarrollo y/o de modernización estatal.
12. Teoría de la modernización: la institución militar es el principal agente del proceso histórico de modernización y de desarrollo político en las sociedades atrasadas (Johnson: 1964, y Pye: 1962).
13. Marxismo y Teoría de la dependencia: las Fuerzas Armadas son portadoras de la racionalidad propia del desarrollo cosmopolita del capital.
14. La histórica presencia de las Fuerzas Armadas en la actividad política de España es resultado de los procesos de inserción nacional en el contexto geoestratégico internacional de la primera mitad del siglo XX y, posteriormente y en el mismo sentido, a partir de la transición hasta nuestros días. (Rouquie: 1984, y Varas: 1988).

El estudio de las relaciones entre las Fuerzas Armadas, la sociedad y el Estado se convierte, con el advenimiento de la democracia, en una cuestión de suma importancia para la consolidación política del nuevo régimen. En esencia, dos son las principales áreas para el análisis de estas relaciones (Crespo: 1991):

• determinar el papel desempeñado por los militares en el proceso de transición política y su posible influencia en el nuevo esquema institucional, y
• explicitar un nuevo modelo de inserción de las Fuerzas Armadas como institución dependiente de la estructura política, así como asegurar el control civil de la corporación militar. El tipo de transición política desarrollado en España ha posibilitado la participación de los militares en la definición de las condiciones de restauración institucional (caso de Uruguay) o de redemocratización política (en el ejemplo chileno o español). Este hecho posibilitó, y posibilita, que las negociaciones, actos y acuerdos transicionales hayan mantenido intocable el aparato y la doctrina militar. De esta manera, si bien la apertura democrática fue producto de la crisis última del régimen autoritario y la muerte del Generalísimo, lo que creó un clima favorable a la aceptación de los militares para su salida del Gobierno, la continuidad constitucional de la corporación armada ha sido eficazmente preservada. Aún más, «cuanto mayor ha sido esta protección, mayor ha sido el poder de veto que durante el período de transición han obtenido» (Varas: 1990). De esta manera, el proceso de transición política supuso bajos niveles de incertidumbre respecto al futuro de la institución militar. En definitiva, el principal problema derivado de la transición es la preservación, dentro del régimen democrático, de las prerrogativas políticas e intereses institucionales de las Fuerzas Armadas (Stepan: 1988b).

Esta problemática, el papel de los militares durante la transición, deriva del hecho de que algunas fuerzas políticas experimentaron un proceso donde las Fuerzas Armadas no sólo fueron el principal actor político, sino que además desarrollaron un corpus ideológico sustitutivo de los actores tradicionales (Rial: 1990a). Por ello, se hace necesario reformular los análisis sobre el autoritarismo militar tomando en cuenta los intentos institucionales que esos regímenes llevaron a cabo para redefinir la relación sociedad-Estado.

En lo que respecta al segundo de los elementos considerados en este, se muestra como imprescindible para el proceso de consolidación democrática arbitrar un nuevo modelo para las relaciones cívico-militares, un tipo de relación entre la corporación militar y el Estado donde se identifiquen de manera explícita las condiciones, el contenido y los límites de estas relaciones. La clave se encuentra en una doble dimensión: lograr ejercer un control civil efectivo sobre las Fuerzas Armadas y restaurar la dimensión profesional de la función militar (Varas: 1990). Las bases de este nuevo tipo de relaciones pasan por la modificación del modelo histórico de enclaustramiento de las Fuerzas Armadas. La superación de este modelo se debe lograr a través de un mayor control social sobre los militares, su subordinación a la sociedad civil y una disminución de todo aquello que no sea estrictamente la tarea de la defensa nacional y la defensa del la unidad territorial y el orden constitucional (Rial: 1990b). En este contexto surge como principal área de tensión entre el Estado, la sociedad civil y las Fuerzas Armadas los problemas vinculados con las nuevas misiones, organización y estructura que se asignen a la institución militar, así como con el tipo de control que impongan sobre ésta los gobiernos democráticos (Stepan: 1988a).

Con relación a estos últimos problemas, es importante subrayar la modificación experimentada en el ámbito internacional durante la presente década y, de manera conexa, la cuestión de la misión de la institución militar en el ámbito de las sociedades democráticas.

En primer lugar, las transformaciones de las realidades geopolíticas han influido notablemente sobre las formas de percepción de la amenaza en la institución castrense. Así, mientras que los golpes de Estado del año 1936 respondieron a lo que las Fuerzas Armadas consideraron el peligro comunista, con la caída del socialismo real y la modificación de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, el enemigo de las décadas pasadas se ha desdibujado. De esta manera, el problema de las nuevas amenazas propias de nuestros tiempos y la cuestión más general del orden amenazado por el desmembramiento del Estado-Nación han pasado a ocupar los temas prioritarios de la agenda militar española. En la actualidad, surge el antiguo temor ante la supresión del orden vigente y la instauración de otro tipificado como totalitario, la percepción del peligro para las Fuerzas Armadas ha terminado siendo la mera desaparición de cualquier forma de orden.

En segundo término, los legados autoritarios de las transiciones políticas y los desafíos que éstos presentan para la consolidación democrática no pueden subsumirse únicamente a la institución militar, sino que deben tomar en cuenta la interacción de ésta con las realidades políticas nacionales. De esta forma, la organización de la misión de las Fuerzas Armadas en una realidad democrática se relaciona con el tipo de funciones desempeñadas por éstas en los procesos de transición. El retiro militar de la conducción política estatal no se debió a su derrota política, que no la hubo, sino que respondió a una opción de defensa corporativa. Así, el retorno de las Fuerzas Armadas a sus funciones tradicionales se complementó, al mismo tiempo, con una voluntad latente de intervención, así como con una realidad de influencia y poder de veto sobre los diseños civiles de las políticas nacionales.

En conclusión, las nuevas misiones, organización y estructura que se han asignado a las Fuerzas Armadas por los gobiernos democráticos es una temática de compleja definición. La misma se encuentra atravesada por una variedad de factores: el legado transicional —que dejó unas Fuerzas Armadas con experiencia de gobierno y en algunos casos con un corpus ideológico estructurado y autónomo del sistema político y de la sociedad civil—, el nuevo contexto geopolítico internacional, las percepciones militares de las nuevas amenazas y los intereses corporativos de la institución castrense definen un área difusa de oposición a las reformas modernizantes de profesionalización y disminución del tamaño de la institución militar que se hace más obvio con la carencia de educación en la conciencia nacional de defensa común como dictan las Leyes en vigor, función que desarrollaban los Ejércitos con la recluta obligatoria o mixta que ha dado lugar a la perdida de identidad nacional de los jóvenes y, ya menos jóvenes españoles.