España
El Gobierno, acorralado, propone ahora limitar la libertad de expresión
El Gobierno de Pedro Sánchez no pasa por su mejor momento. Con dos ministros dimitidos en poco más de cien días, la credibilidad de otros dos miembros del Ejecutivo por los suelos, las constantes rectificaciones y las ofensivas de una oposición política consciente de su debilidad, la vicepresidenta, Carmen Calvo, hizo ayer una reflexión convertida en propuesta sobre la situación a la que, a su juicio, ha llegado la prensa en la actualidad. La número dos de Sánchez cree que la proliferación de noticias falsas, los bulos y las malas prácticas y ausencia de deontología periodística han llegado al extremo de poner en peligro la democracia y el modelo educativo: «Necesitamos seguridad».
Calvo participó ayer en la inauguración de la XVI Jornada de Periodismo de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), que este año se desarrolló bajo el título «¿Quién paga la mentira? ¿Es de pago la verdad?». En ese foro la vicepresidenta mostró su preocupación por el daño que estas malas prácticas hacen a ciertos «bienes superiores» que «hay que proteger» y apostó por una solución: regular el ámbito de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Según la vicepresidenta, «la situación es tan inquietante y el riesgo es ya tan grande que necesitamos empezar a tomar decisiones que nos protejan, porque por encima de los negocios legítimos, de las responsabilidades profesionales, de los hombres y mujeres en los medios de comunicación y de quienes asumen responsabilidades políticas está la violabilidad del modelo educativo», informa Efe.
«Un bien superior»
Para Calvo, este modelo es un «bien superior a proteger, un valor muy por encima de nuestras individualidades. De todas; del negocio, de la profesión, albergados en un derecho sin el cual la democracia no funciona». Además, expuso la ministra, El valor de la libertad de expresión, recogido en la Constitución junto con el derecho a la información, «no lo resiste todo, no lo acoge todo», y de ahí la necesidad de introducir regulación para suprimir prácticas como las noticias falsas.
La vicepresidenta defendió que esta regulación debería afrontarse desde el ámbito de actuación de la UE, de los países que la conforman, y puso ejemplos de algunos Estados que ya están planteando limitar la libertad de expresión. «Están tomando decisiones sobre regulación, es decir, de intervenir; se lo están planteando Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, que están abandonando el famoso eje de que la mejor ley que regula el ámbito de la libertad de expresión y del derecho a la información es la que no existe».
Aunque advirtió sobre los riesgos de estas malas prácticas, Calvo argumentó que todavía «no estamos en el plano de lo que puede ser una sensación de amenaza para todos nosotros como ciudadanos de una democracia, si no todo lo contrario, en el plano donde las democracias regulan para proteger bienes colectivos, superiores a los individuales y concretos, no solo en el ámbito del negocio».
«Divorcio»
Además de proponer regular la libertad de expresión y el derecho a la información, la vicepresidenta del Gobierno aseguró que existe «un divorcio» entre la profesión periodística y la ciudadanía, lo que se traduce en una crisis de confianza hacia los medios. La mayoría de los ciudadanos, según Calvo, ya no confía en lo que leen u oyen. A su juicio, se ha conseguido en España y en cualquier lugar del mundo, «algo contrario a lo brillante», y es que una «sociedad entera se haya divorciado» de «toda una profesión», asentada en los derechos fundamentales de información y libertad de expresión.
También extendió este descrédito a las instituciones, y puso el ejemplo del Congreso de los Diputados: «¿Saben que solo el 14 % de los españoles piensa que en el Congreso de los Diputados hacemos cosas que les benefician y son interesantes para ellos?, ¿qué hemos hecho?, ¿cómo desandamos este camino y lo volvemos a ordenar?, ¿dónde están las responsabilidades de todos?», se preguntó.
«Todo tiene límites y los derechos de todos concurren y se pueden practicar porque están limitados. La ética es lenta porque tiene límites y tiene la capacidad de autocontrol de saber que tu espacio lo compartes con otro y que donde tu traspasas la línea del exceso, a veces del delito, están destrozando en algunos casos sin reparación posible libertades y derechos del otro», denunció la vicepresidenta, que explicó que «la información falsa sobre la noticia/bulo es rápida y gratis en términos materiales y carísima en términos del peligro que eso alberga para la convivencia y la propia democracia».
Es un asunto, añadió en el que «siempre hay negocio» detrás, de ahí que nos tengamos que tomar «muy en serio» este asunto porque esto es «la guerra con otros medios».
«Necesitamos información, pero que sea veraz, porque si no no debería existir», afirmó la vicepresidenta, que se afanó por desligar el «negocio de las noticias» de los valores sobre los que se asienta -libertad de expresión y derecho a la información-: «Si este derecho pudiera existir sobre el simple negocio de las noticias no habría manera de construir el sistema».
Por eso, zanjó Calvo, «no es asumible» que una sociedad libre, diversa y democrática albergue falsas noticias porque «el destrozo son los derechos del otro, y en algunos casos son irreparables».
Precedentes: Catalá
Calvo no es, sin embargo, el primer político que propone regular de alguna manera la libertad de expresión y la profesión periodística en España. En 2015, el entonces ministrio de Justicia, Rafael Catalá, propuso que los medios que publicasen filtraciones pudieran ser sancionados por ello. La propuesta del entonces ministro le valió un aluvión de críticas unánime por parte de partidos políticos y asociaciones de prensa. Incluso desde su propio partido, el PP, surgieron voces que se posicionaron manifiestamente en contra de las palabras de Catalá y se quiso subrayar que la libertad de prensa «es sagrada».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en aquel momento líder de la oposición, cargó contra el ministro y le acusó de querer perseguir a los periodistas porque son los que destapan los casos de corrupción de los populares.
«Que no se preocupe tanto de perseguir a aquellos que denuncian la corrupción del PP, que suelen ser los periodistas, sino a perseguir la corrupción del PP», defendió.
Las principales asociaciones de prensa también levantaron la voz contra la medida de Catalá, que vieron como un intento de «cercernar libertades» que acabaría derivando en un debilitamiento de la democracia. Calvo defendió ayer que limitar la libertad de expresión ayudaría a protegerla.
España
Noticias censuradas en medios tradicionales de España
Descubre cómo las noticias censuradas en medios tradicionales de España afectan tu acceso a la verdad. Entérate de los mecanismos detrás de la censura.
La censura en los medios tradicionales españoles se define como la supresión, modificación o silenciamiento deliberado de información de interés público, ya sea por presión política, intereses económicos o directrices editoriales internas. Las noticias censuradas en medios tradicionales de España no son una excepción anecdótica: el Gobierno registró 1.626 reclamaciones ante el Consejo de Transparencia solo entre enero y noviembre de 2025, una cifra récord que evidencia la magnitud del problema. Medios públicos como RTVE, IB3 y À Punt han protagonizado denuncias documentadas de manipulación editorial. El ciudadano que quiere información veraz necesita entender cómo funciona esta maquinaria antes de poder esquivarla.
1. ¿Cuáles son los mecanismos de censura en los medios tradicionales españoles?
La censura en prensa española opera mediante varios métodos estructurales que rara vez dejan rastro visible. Identificarlos es el primer paso para no ser víctima de ellos.
El mecanismo más directo es la supervisión previa a la emisión. En 2025, la dirección de Cadena Ser estableció que cualquier noticia sobre Isabel Díaz Ayuso debía notificarse y aprobarse antes de emitirse. Esto convierte al editor en filtro político antes que en garante informativo.
Otro método habitual es la modificación editorial encubierta: cambiar palabras clave, suavizar titulares o eliminar párrafos enteros sin avisar al periodista. El resultado es una pieza que parece completa pero omite los datos más incómodos.
La externalización de contenidos y los cambios en los libros de estilo internos permiten sustituir informativos por entretenimiento sin justificación informativa sólida. Esto diluye la responsabilidad editorial y hace más difícil señalar a un responsable concreto.
Por último, la publicidad institucional actúa como correa de transmisión entre el poder político y las redacciones. Un medio que depende de contratos publicitarios del Gobierno tiene incentivos claros para no publicar noticias que incomoden al Ejecutivo. Sobre cómo los incentivos económicos distorsionan la cobertura, los incentivos mediáticos explican en detalle este mecanismo.
Consejo profesional: Cuando leas una noticia sobre un asunto político sensible, busca qué datos concretos faltan. La censura no siempre añade mentiras: con frecuencia, simplemente elimina hechos.
2. Casos documentados: RTVE, IB3 y À Punt
Los casos más recientes de censura en medios públicos españoles están documentados por los propios órganos internos de control. No son denuncias anónimas: provienen de consejos de informativos y sindicatos de periodistas.
El Consejo de Informativos de RTVE analizó más de 100 quejas internas y concluyó que programas como Mañaneros y Malas Lenguas incurrieron en manipulación y sesgo ideológico, incluyendo la emisión de noticias falsas. Que el propio órgano interno de RTVE llegue a esa conclusión tiene un peso institucional que no puede ignorarse.
En las Islas Baleares, el comité de empresa de IB3 denunció que la dirección de informativos modificó textos periodísticos para minimizar hechos de interés público, en particular la cobertura de protestas ciudadanas. El Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares fue explícito en su valoración:
«La credibilidad de la cadena no puede continuar viéndose comprometida. La manipulación y censura minan el derecho a información plural y veraz que tienen los ciudadanos.»
En À Punt, los trabajadores denunciaron que la dirección recortó espacios informativos para emitir corridas de toros de Madrid, una decisión que el Consell d’Informatius calificó de violación del mandato de servicio público. El análisis de la televisión como aparato de propaganda que publica Alerta Nacional desarrolla en profundidad este patrón.
Estos tres casos comparten una característica común: la presión sobre los periodistas no viene de fuera, sino de la propia cadena de mando interna del medio.
3. La opacidad del Gobierno y su vínculo con la censura periodística
La falta de transparencia del Ejecutivo alimenta directamente la censura en medios. Sin acceso a documentos oficiales, el periodismo de investigación se paraliza.
El récord de 1.626 reclamaciones ante el Consejo de Transparencia entre enero y noviembre de 2025 no es solo una estadística administrativa. Significa que miles de ciudadanos y periodistas solicitaron información pública y el Gobierno se negó a facilitarla. El Consejo de Transparencia estima que el 62 % de esas reclamaciones fueron resueltas a favor del ciudadano, lo que confirma que la negativa inicial del Ejecutivo era, en la mayoría de los casos, injustificada.
El silencio institucional es la forma más cómoda de evadir la transparencia. Cerca del 45 % de las reclamaciones se deben al silencio reiterado del Gobierno ante solicitudes de información pública. No hace falta prohibir una noticia si nadie tiene acceso a los datos que la sustentan.
El instrumento legal más opaco es la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta norma carece de plazos de desclasificación automática, lo que permite al Ejecutivo mantener información reservada de forma indefinida. El Gobierno la aplicó en 2026 para declarar secretos todos los informes sobre la regularización de migrantes, con reserva de hasta 35 años.
| Mecanismo de opacidad | Impacto en el periodismo |
|---|---|
| Silencio ante solicitudes de información | Bloquea reportajes de investigación en su fase inicial |
| Ley de Secretos Oficiales de 1968 | Permite reserva indefinida sin justificación pública |
| Negativa a facilitar documentos oficiales | Obliga al periodista a trabajar con fuentes no verificables |
| Publicidad institucional condicionada | Genera autocensura en redacciones dependientes del Estado |
Consejo profesional: Consulta el portal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para verificar si una información pública ha sido solicitada antes y qué respuesta recibió el Ejecutivo. Es una fuente de primera mano que pocos periodistas citan.
4. Cómo detectar noticias ignoradas o manipuladas por los medios
Reconocer la información oculta en España requiere un método, no solo desconfianza. Estas son las técnicas más eficaces para identificar noticias manipuladas o censuradas.
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Compara titulares entre medios distintos. Si un hecho relevante aparece en medios alternativos pero no en los grandes grupos, pregúntate por qué. La ausencia de cobertura es tan significativa como la cobertura sesgada.
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Identifica el origen de la financiación del medio. Un medio que recibe publicidad institucional tiene un conflicto de interés estructural. Consulta los registros de subvenciones públicas disponibles en el CTBG.
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Aplica el análisis de agenda setting. Esta técnica periodística estudia qué temas elige cubrir un medio y, sobre todo, cuáles omite de forma sistemática. Alerta Nacional desarrolla ejemplos concretos de agenda mediática oculta en España que ilustran este patrón.
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Verifica las fuentes primarias. Cuando un medio cita «fuentes del Gobierno» o «fuentes cercanas al caso», busca el documento original. Las ruedas de prensa oficiales, los boletines del BOE y los informes parlamentarios son accesibles y gratuitos.
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Contrasta con observatorios de medios independientes. Organismos como el Consejo de Informativos de RTVE o el Sindicato de Periodistas publican informes periódicos sobre mala praxis. Son fuentes internas con credibilidad institucional.
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Detecta el lenguaje polarizador. El Consejo de Informativos advirtió que el uso de lenguaje agresivo en programas de tertulia contribuye a dividir la sociedad y viola las obligaciones legales de un servicio público. Cuando un programa genera indignación sistemática, conviene preguntarse a quién beneficia esa indignación.
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Recurre a medios alternativos con enfoque crítico. La crítica a los medios tradicionales se ha convertido en un comportamiento generalizado. Según un análisis reciente, la crítica mediática es ya una conducta habitual entre los ciudadanos que buscan información plural. Contrastar con fuentes que no dependen de publicidad institucional es la medida más directa contra la manipulación.
Puntos clave
La censura en los medios tradicionales españoles opera mediante mecanismos documentados, desde la supervisión editorial previa hasta la opacidad legal del Ejecutivo, y el ciudadano dispone de herramientas concretas para identificarla y esquivarla.
| Punto | Detalles |
|---|---|
| Censura previa documentada | Cadena Ser estableció en 2025 supervisión obligatoria para noticias sobre figuras políticas concretas. |
| Manipulación en medios públicos | RTVE, IB3 y À Punt acumulan denuncias internas documentadas por sus propios consejos de informativos. |
| Opacidad gubernamental récord | El Gobierno recibió 1.626 reclamaciones por ocultar información pública entre enero y noviembre de 2025. |
| Ley de Secretos Oficiales de 1968 | Permite reserva indefinida de documentos sin plazo de desclasificación automática. |
| Herramientas ciudadanas | El análisis de agenda setting, la verificación de fuentes primarias y los observatorios de medios son los recursos más eficaces. |
La democracia no sobrevive sin información libre
La censura mediática no es un problema técnico de redacción. Es una fractura en el contrato democrático entre los ciudadanos y las instituciones que deben servirles.
Cuando RTVE emite noticias falsas documentadas por su propio Consejo de Informativos, o cuando el Gobierno declara secretos los informes sobre regularización de migrantes durante 35 años, no estamos ante errores aislados. Estamos ante un patrón sistemático de control de la narrativa pública. La polarización que generan los programas de tertulia con lenguaje agresivo no es un efecto secundario: es, con frecuencia, el objetivo.
Lo que más me preocupa no es la censura directa, que al menos puede identificarse. Lo que erosiona la democracia de forma más profunda es la autocensura que genera la dependencia económica de los medios respecto al poder político. Un periodista que sabe que su redacción vive de contratos publicitarios del Gobierno no necesita que nadie le diga qué no publicar. Ya lo sabe.
El ciudadano que contrasta fuentes, que consulta los informes del CTBG y que exige transparencia a los medios que consume ejerce una función democrática tan legítima como votar. La guía de Alerta Nacional sobre cómo funciona la agenda setting es un punto de partida útil para quienes quieren entender el mecanismo antes de combatirlo.
— Redacción
Alerta Nacional: análisis crítico sobre censura y manipulación mediática
Alerta Nacional publica análisis documentados sobre los mecanismos de censura, propaganda y sesgo en los medios españoles, dirigidos a ciudadanos que quieren entender qué información se les oculta y por qué.
La guía para identificar sesgo mediático en 2026 reúne técnicas concretas para detectar manipulación en noticias de actualidad, con ejemplos verificados de medios públicos y privados. Para quienes quieren ir más allá, la guía sobre propaganda mediática moderna explica cómo funcionan los marcos narrativos que los grandes medios utilizan para condicionar la opinión pública. Ambos recursos están disponibles de forma gratuita en Alerta Nacional.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la censura en medios tradicionales españoles?
La censura en medios tradicionales españoles es la supresión o modificación de información de interés público por presión política, económica o editorial. Incluye desde la supervisión previa de piezas hasta la omisión sistemática de temas incómodos para el poder.
¿Qué casos recientes prueban la censura en medios públicos?
El Consejo de Informativos de RTVE documentó manipulación y noticias falsas en Mañaneros y Malas Lenguas tras analizar más de 100 quejas internas. IB3 y À Punt acumulan denuncias similares por parte de sus propios comités de empresa y sindicatos de periodistas.
¿Cómo afecta la Ley de Secretos Oficiales a la transparencia informativa?
La Ley de Secretos Oficiales de 1968 carece de plazos de desclasificación automática, lo que permite al Gobierno mantener documentos reservados de forma indefinida. El Ejecutivo la aplicó en 2026 para ocultar informes sobre regularización de migrantes durante hasta 35 años.
¿Cómo puedo verificar si una noticia ha sido censurada o manipulada?
Contrasta la cobertura entre varios medios, consulta las fuentes primarias como el BOE o los informes parlamentarios, y revisa los registros de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La ausencia de cobertura en medios grandes sobre un hecho documentado es ya una señal de alerta.
¿Qué alternativas existen a los medios tradicionales en España?
Los observatorios de medios independientes, los consejos de informativos de las propias cadenas públicas y los medios digitales que no dependen de publicidad institucional son las fuentes más útiles para contrastar información censurada o ignorada por los grandes grupos mediáticos.
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