¡Comparte esta publicación!
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que cifra en más de ocho millones de euros el dinero desviado por el gobierno del expresidente Carles Puigdemont para el referéndum ilegal del 1-O, han confirmado fuentes del Ministerio Público.
El escrito de la Fiscalía se conoce un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresident catalán y sus exconsejeros por los mismos hechos, si bien en el caso de estas organizaciones el dinero irregularmente gastado sería de 1,97 millones de euros de fondos públicos.
En concreto, ACC y SCC reclaman a Puigdemont y los miembros de su gobierno más de 89 millones de euros, de los que 87.103.355,05 euros corresponden a la operación Copérnico (en la que se incluye el gasto del desplazamiento de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a Cataluña para cumplir la resolución judicial contra el 1-O) y el resto, 1.971.601,20 euros, se reclama como gasto concreto de la Generalitat para llevar a cabo el referéndum ilegal.
El objetivo de las dos asociaciones es que los denunciados retornen a las administraciones públicas afectadas, autonómica y central, el dinero que se destinó a un acto ilegal. Y esperan que, al menos, el Gobierno se persone en la causa «como administración perjudicada», porque no entenderían «otra cosa». El gobierno catalán destinó «fondos públicos de la Generalitat que estaban a su cargo (…) a financiar el referéndum de secesión abiertamente ilegal (…) y que ellos mismos habían convocado por decisión colegiada y solidaria mediante decreto», argumentan las entidades en la denuncia.
El Tribunal de Cuentas tiene ahora que decidir si admite a trámite la petición de ACC y SCC, y en caso de admisión nombrar a un instructor que pedirá a las partes la documentación que considere oportuna. La decisión se conocerá en semanas.
