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Juan Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, ha denunciado que el Gobierno español pudo haber transferido a las CC.AA. los pagos a cuenta que adeuda antes de las elecciones generales del 28 de abril, cuando no se encontraba en funciones. Las regiones han lanzado una ofensiva contra el Ministerio de Hacienda por la recaudación de este año, que en el conjunto del país alcanza una cifra de 4.739 millones de euros. La Abogacía del Estado envió el pasado martes al Ministerio de Hacienda el informe que respalda que el Gobierno, en funciones, no puede actualizar las entregas a cuenta pendientes. Pero las CC.AA. afean al Ejecutivo de Sánchez aludió a las conclusiones de ese informe antes incluso de que se llegara a pedir.
El titular de Hacienda andaluz asegura que el Gobierno “ya habló el 12 de agosto” de dicho informe, pero no se solicitó “hasta el día 22”. “Si alguien analiza el informe verá que el servicio jurídico dice que a la pregunta en abstracto de si se pueden actualizar los pagos a cuenta con un gobierno en funciones, sin aportar ninguna solución, ellos dicen que no. Pero el pago a cuenta no compromete a nada. El Gobierno transfiere el dinero y luego llega una liquidación. Si nos han transferido más dinero de la cuenta, tendremos que devolver. Y si nos falta, lo añadirán. No lleva ningún riesgo ni es una decisión política. Son números objetivos”, ha recalcado Bravo.
El consejero ve evidente que Sánchez pudo haber transferido dicho dinero antes de la celebración de elecciones. “Ellos hicieron los llamados ‘viernes sociales’ y no sé si hay política social mayor transferir a las CC.AA. la financiación que les corresponde. En ese momento, el Gobierno estaba en funciones, había un anteproyecto de presupuestos y dos informes remitidos a Bruselas en el que se hacía una previsión de los ingresos. Había elementos más que sólidos para llevar a cabo esta medida. Y ahora también”, ha asegurado.
El Gobierno andaluz exige el pago de 1.350 millones de euros. “Teniendo en cuenta que el 70% de los Presupuestos de las CC.AA. son para políticas sociales, imagínese la incidencia. Si no hay gobierno en septiembre y prolongan esta situación, van a poner a una situación complicada a los gobiernos autonómicos pero, sobre todo, a los españoles. Son todas las CC.AA. las que hemos advertido del perjuicio que puede causar esta situación. Hasta ahora en Hacienda ha habido seriedad”, ha contado.
Para poner solución a este problema, Bravo exige la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal, que lleva un año sin celebrarse. “Hay una CC.AA. (Cataluña) que decide acudir a la vía judicial como primera medida, y la ministra no lo critica. Luego llegamos los gobiernos de PP y Cs planteando convocar el Consejo de Política Fiscal y les parece mal”, ha dicho.
