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El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha emitido una orden de clausura, fijada para el 8 de octubre, de la vivienda del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y de la portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por carecer de licencia de primera ocupación.
Según han confirmado fuentes de Urbanismo, el asunto arrancó en 2014 a raíz de la denuncia de un particular tras unas obras en el chalé, ubicado en el distrito de Chamartín, cuando se comprobó que carecía de la licencia de primera ocupación.
Tras la inspección por parte de los técnicos del Ayuntamiento, la pareja solicitó la citada licencia pero la documentación que aportaron no cumplía los requisitos necesarios.
En 2016 ya se dictó una orden de clausura, pero la recurrieron en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo y, paralelamente, volvieron a solicitar la licencia, según fuentes municipales.
Sin embargo, en 2017 el Juzgado dio la razón al Ayuntamiento y desestimó el recurso, tras lo cual el propietario solicitó una modificación de la licencia de obra que también ha sido denegada.
Si a la llegada de los funcionarios municipales el 8 de octubre, los propietarios se negasen a abrir, el Ayuntamiento deberá pedir una orden judicial, lo que retrasará los plazos, aunque en este tiempo podrían regularizar la situación.
La vivienda, una casa de cuatro alturas
El edificio, además de vivienda, alberga el estudio de arquitectura de Rocío Monasterio, sin que exista una licencia de funcionamiento de esta actividad, agregan desde Urbanismo.
El dirigente de Vox “compró en 2010 una vivienda con jardín, para lo que solicitó una hipoteca de 1,2 millones, según figura en el registro de la propiedad”.
El inmueble constaba de “una planta baja y una principal” que se transformó “en una casa de cuatro alturas que equipó con ascensor, gimnasio, garaje y una piscina con solárium en la terraza, donde también hay una zona verde”, según el proyecto de la propia Rocío Monasterio, que es arquitecta.
El portavoz nacional de Vox “solicitó hasta cuatro veces” la licencia de primera ocupación y funcionamiento, que obliga a los técnicos a comprobar si lo que se construyó se ajusta a la autorización inicial de las obras.
