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El domingo 29 de mayo de 2016 de 2016, arrogándose ilegales atribuciones, la entonces concejala presidenta del distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid, Esther Gómez Morante, del partido Ahora Madrid, actualmente Más Madrid, ideológicamente afín a Unidas Podemos, “prohibió” la procesión del Corpus Christi de mi parroquia castrense madrileña.
Desde entonces estoy intentando que el Partido Popular cumpla la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en la tramitación de actos religiosos en la vía pública, a cuyo fin he dirigido numerosos escritos a dirigentes del PP solicitando su intervención para que los organismos y entidades concernidos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, respeten la misma en la tramitación de actos religiosos en la vía pública, recibiendo por toda respuesta un incivil silencio.
A pesar de mis avisos en contra, la citada Ley Orgánica 9/1983, desde el 29 de mayo de 2016 viene siendo contumazmente vulnerada por los organismos y entidades concernidos en la misma, entre ellos las delegaciones y subdelegaciones del gobierno – dependientes del Ministerio del Interior – y los ayuntamientos del PP y del PSOE.
Intentando encontrar algún miembro del PP que atendiese mi solicitud de acatar la citada Ley Orgánica 9/1983, el pasado 25 de octubre de 2023 me he dirigido a José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados, con el que he hablado por teléfono y mantenido contacto por vía telemática a través de su secretaria pues parece que el aludido teme el contacto con el ciudadano por las citadas vías por si pudiera contagiarle alguna dolencia.
Desde el pasado 25 de octubre de 2023, el individuo en cuestión está intentando por todos los medios desmarcarse del asunto y cortar toda relación conmigo, además de ciscarse en el Artículo 66.2 de nuestra Constitución que establece “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución” negándose a controlar la acción del Gobierno demostrando con ello que el PP es la marca blanca del PSOE por renunciar a las pertinentes acciones para controlar la acción del Gobierno.
Por otra parte, este sujeto infringe el Artículo 21.1 de nuestra Ley de leyes que determina “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa” lo que está en total discordancia con la ejecutoria al respecto que exige a la población católica solicitar autorización previa al respectivo ayuntamiento para celebrar actos religiosos en la vía pública.
Igualmente, el susodicho individuo vulnera el Artículo 14 de nuestra Carta Magna que proclama “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La ejecutoria actual por parte de organismos y entidades, entre ellos los ayuntamientos del PP cuya ejecutoria al efecto es idéntica a la de la citada concejala de extrema izquierda Esther Gómez Morante, discrimina a la población católica respecto a cualquier otro colectivo que solamente “comunica” el acto que va a celebrar a la respectiva delegación o subdelegación del Gobierno.
El proceder del sujeto en cuestión revela que es un perjuro por incumplir el juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado al tomar posesión del cargo que demuestra detentar.
No pretendo tener más derecho al respeto y al diálogo con el infrascrito que un prófugo secesionista con el que Feijóo ha dialogado indirectamente y al que ha mostrado su respeto, pero, cuando menos, reivindico mi derecho de ser escuchado sobre todo cuando trato de defender la ley sin que se oponga a ello ningún antropomorfo.
Cuanto antecede es el resultado lógico de la máxima profética de Napoleón Bonaparte “En la política, la estupidez no es una discapacidad”.
El proceder de este ejemplar, al que España le importa menos que una clase de física cuántica a un mosquito y que solamente provoca lástima, le descalifica para continuar en el puesto que detenta para que en España se respete la ley y sea un Estado de Derecho, no de desecho, con las negativas consecuencias que de ello se derivan tanto en el interior como en el exterior.
Efrén Díaz Casal
Coronel de Infantería (R)
