Como la culpa de todo lo que sucede o pueda suceder en España la tiene o la va a tener el Partido Popular, según la propaganda que despacha el Gobierno y aventan sus medios afines, el PP no ha tardado en mover ficha para mostrar a la opinión pública cuál es su programa y sobre qué principios se sostiene, especialmente en materia económica y fiscal. La reunión convocada ayer en Madrid, donde se citaron los consejeros de Hacienda de los ejecutivos regionales que preside el PP, responde a la necesidad de hacer un frente común ante el acoso -confesado por la propia ministra de Economía- que el equipo de Sánchez ha diseñado para poner coto a las ventajas y los incentivos fiscales con que el Partido Popular ha logrado dinamizar la creación de empresas, la generación de empleo y el bienestar social en las comunidades en las que gobierna, con Madrid a la cabeza. El igualitarismo que predica la izquierda como remedio contra las desigualdades que dice combatir se traduce en la persecución de quienes amenazan su plan global de empobrecimiento, especialidad del PSOE cuando se asienta en el Gobierno. En la diana está Madrid, pero también todas aquellas comunidades que abogan por subvertir el programa socio-comunista de subida de impuestos e intimidación empresarial anunciado por el Ejecutivo.
Al plantar cara a estas iniciativas de forma concertada, lo que hacen las comunidades gobernadas por el PP no es una opción política basada en el frentismo, sino una obligación cívica ligada a la responsabilidad. Lo era cuando la economía española crecía en torno al 3 por ciento del PIB y lo es, con más motivo, cuando la desaceleración se va a ver agravada por un paquete de medidas fiscales que solo pueden desalentar la inversión y destruir empleo.
