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Centenares de los inmigrantes que tratan de entrar ilegalmente en EE.UU desde México tienen graves antecedentes penales

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Caravana de inmigrantes hondureños hacia Estados Unidos / Imagen: Captura de Youtube
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Parece que Donald Trump vuelve a tener razón, a pesar del empeño digno de mejores causas con el que los medios del consenso socialdemócrata tratran de ocultar determinadas informaciones. Según ha informado Fox News, documentos en poder del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos demuestran que varios cientos de inmigrantes ilegales que intentaron cruzar la frontera sur de este país formando parte de las masivas caravanas migratorias que durante los últimos meses han sido alentadas por la izquierda y la extrema izquierda occidentales tenían graves antecedentes penales en EE.UU.

Los archivos ahora en poder del Partido Republicano detallan, por ejemplo, una caravana de casi 8.000 ilegales que se dirigió hacia la frontera en octubre de 2018 y llegó al sur de California en diciembre de ese mismo año. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, 660 de ellos tenían condenas penales en los Estados Unidos, con 40 condenados por agresión o agresión con agravantes con un arma mortal, y tres estaban condenados por asesinato.

En enero de 2019, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) rastreó otra caravana que abandonó Honduras con más de 3.300 inmigrantes con destino a Estados Unidos. El equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional identificó que 860 de esas personas tenían antecedentes penales en USA, incluyendo más de 20 condenados por agresión o agresión con agravantes con un arma mortal, casi 30 condenados por delitos sexuales, dos condenados por violencia contra la policía y un condenado por intento de asesinato.

Los documentos también revelan que el CBP está monitoreando otro “movimiento de varios grupos que varían en tamaño de 1.000 a 4.000” en los estados mexicanos de Chiapas y Veracruz, pero no especificó cuántos de esos migrantes podrían tener antecedentes penales.

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El pasado mes de febrero, el presidente Trump declaró una emergencia nacional asegurando que “la frontera sur es un punto de entrada importante para los delincuentes, pandilleros y narcóticos ilícitos” que amenazan “los principales intereses de seguridad nacional”.

Pues bien, los documentos ahora hechos públicos aparecen en medio de una oleada impresionante de llegadas de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos. En mayo, la cantidad de migrantes detenidos en la frontera sur se disparó a niveles que no se habían visto en más de una década, con las Fuerzas de Seguridad informando de casi 133.000 arrestos, más de un 30 por ciento de aumento con respecto al mes anterior y el doble de la afluencia registrada a principios de año. El número fue el total mensual más alto en más de 13 años, según las autoridades. “Estamos en una emergencia en toda regla”, ha explicado Jon Sanders, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La continua crisis en la frontera está a punto de estallar cuando Trump ha tratado de extender y apuntalar el muro fronterizo, declarando su finalización como una emergencia nacional en un intento por desviar miles de millones de dólares hacia su construcción, un esfuerzo que impugndado en los tribunales por partidos y organizaciones de izquierda y de extrema izquierda.

Paralelamente, el Gobierno de Donald Trump ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con México para reducir los aranceles con los que ha amenazado sobre las importaciones mexicanas a cambio de que este país aumente los esfuerzos para limitar los flujos migratorios con destino a los Estados Unidos desde América Central. Estados Unidos, además, se ha comprometido a acelerar las solicitudes de asilo, mientras que México ha anunciado que “ofrecerá empleos, atención médica y educación de acuerdo con sus principios”. El documento también incluye un apartado en el que se afirma que tomará “medidas decisivas” para desmantelar las operaciones de tráfico de migrantes y tráfico de drogas, mientras que ambos países aumentarán la cooperación para proteger la frontera.

(La Tribuna del País Vasco)

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