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Castilla y León prevé reclamar judicialmente al Gobierno los 142 millones pendientes por la liquidación de este tributo en diciembre de 2017. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press que se está celebrando esta mañana en Madrid. La Comunidad seguirá así los pasos de otras autonomías como Madrid o Murcia, que ya anunciaron que acudirán a la vía judicial para reclamar la deuda.
Fernández Mañueco ha explicado que Castilla y León no había optado antes por la reclamación judicial por dar un margen de confianza al Gobierno de Pedro Sánchez, pero la respuesta obtenida el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que la ministra María Jesús Montoro dijo al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que de abonar esa deuda «nada de nada», han empujado al Gobierno regional a tomar esta medida en la que ya están trabajando los servicios jurídicos. «Se nos ha acabado la paciencia», ha incidido el dirigente regional, en la línea de lo que avanzó en el pleno de la pasada semana, cuando explicó su «clara voluntad» de diálogo, pero también su «firmeza» ante el nuevo Ejecutivo.
No obstante, Fernández Mañueco ha señalado que antes de presentar la demanda realizarán una reclamación previa, por lo que petición judicial podría tardar «días o semanas».
«Castilla y León no quiere endeudarse, lo que quiere es cobrar lo que se le debe», reiteró el consejero, quien insistió en que «la solución no es más deuda y más déficit» para así enjugar la «deuda» pendiente. «La solución pasa porque haya una nueva financiación y que se nos pague aquello que se nos debe», advirtió el pasado viernes Carriedo, quien también censuró que no haya planes ni plazos para afrontar la reforma del modelo de financiación, que, insistió, es la vía para garantizar unos ingresos suficientes. «La solución es recibir lo que es justo. Lo que se nos debe», reiteró.
«Es que nosotros ya lo hemos gastado» en los servicios que presta la Comunidad y el pago a los profesionales que los prestan, dijo el consejero, quien recordó que es un dinero que los castellano y leoneses pagaron por el IVA y el Estado recaudó, pero no transfirió en su momento en las comunidades. Todo por un cambio en la liquidación aprobado en 2016 por el Ministerio entonces encabezado por el popular Cristóbal Montoro y de aplicación por primera vez en la contabilidad de 2017. Y que desde entonces se arrastra.
