Brasil ya es más seguro con Bolsonaro: los homicidios caen a su cifra más baja en 14 años

La violencia en Brasil pierde fuerza con el gobierno de Jair Bolsonaro. Su mayor control sobre los brotes de delincuencia se consiguió por medio de la integración de las fuerzas de seguridad estatales con políticas focalizadas e intensificación de operaciones. Estas ejecuciones llevaron al país a registrar su número más bajo de homicidios en los últimos 14 años. La cifra de asesinatos anuales pasó de 58000 en 2007 a 41069 en 2021.

Este resultado equivale a 16900 menos muertes anuales en comparación con las estadísticas de las administraciones izquierdistas de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Durante estos gobiernos las tasas de homicidios en promedio registraron 30,3 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que bajo la gestión de Bolsonaro, Brasil tiene la tasa de asesinatos en 18,5 por cada 100.000 habitantes.

Según el índice nacional de homicidios elaborado por el Monitor de Violencia de G1, basado en datos oficiales de los 26 estados y el Distrito Federal, la cantidad de muertes violentas intencionales del año pasado representa 3000 casos menos en contraste con 2020 y 600 menos que 2019.

De esa forma, los 41069 asesinatos reportados son “el número más bajo de toda la serie histórica del Foro Brasileño de Seguridad Pública que recopila datos de los homicidios dolosos (incluidos los feminicidios) robos (robos seguidos de muerte) y daños corporales seguidos de muerte desde 2007.

Entre los detalles del informe destaca que el último trimestre de 2021 apunta a una tendencia a la baja aún mayor que en meses anteriores, considerando que los homicidios entre octubre y diciembre del año pasado se ubicaron en 14,1 % respecto al mismo período de 2020.

Un contraste claro

Bolsonaro celebra estos avances. Durante su mandato la capital, Brasilia, registró la menor cifra de asesinatos en casi 45 años. El estado de Santa Catarina, al sur del país, reportó su menor cantidad de este tipo de decesos en más de una década, e incluso Río de Janeiro, donde a menudo se presentan los actos más sangrientos del país, hay claros avances.

Sus resultados sepultan el fracaso de Lula Da Silva y Rousseff. Cuando ambos se traspasaban el poder, Brasil registró el mayor número absoluto de asesinatos y la tasa más alta de homicidios desde 1980, año en que el Ministerio de Salud comenzó a recopilar datos confiables, según el autor del estudio, el sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, coordinador del Área de Estudios de Violencia de Flacso Brasil.

De acuerdo con el informe, basado en el Sistema de Informaciones de Mortalidad (SIM) del Ministerio de Salud había 56.337 muertes —un promedio de 154 por día— que confirmaron un alza de 7,9% frente a 2011. La cifra de fallecidos superó el número de víctimas de la primera guerra de Chechenia, que se extendió de 1994 a 1996.

En tanto, la tasa de homicidios, que toma en cuenta el crecimiento de la población, también aumentó un 7 %, totalizando 29 víctimas fatales por cada 100.000 habitantes, una tasa casi tres veces superior a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 10 casos por cada 100.000 personas.

Números rojos atrás

El panorama de seguridad en Brasil durante los tres años de gestión de Bolsonaro dejan atrás los números rojos que en esta materia mantenía el país, que llegaron a rondar casi las 64000 muertes en 2017. Renato Sergio de Lima, presidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública, aseguró que el escenario evidencia “las buenas políticas de seguridad necesitan una inversión continua para tener éxito”.

El promedio, el combate a la criminalidad y los daños causados por la violencia le generan gastos a Brasil por 365000 millones de reales (unos 96052,6 millones de dólares) equivalentes al 5,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Con los recursos y el giro en la ejecución de estos, aquella explosión de violencia por la ruptura de una tregua entre dos facciones de narcotraficantes rivales brasileños —Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV)— que coincidió con un auge en la producción de cocaína en Colombia y Perú ha disminuido con las acciones militares y policiales a gran escala en algunos estados.

También hay que sumar las intervenciones para mejorar la formación policial, enfocar los recursos policiales en las áreas más empobrecidas y la participación de las comunidades locales de manera más directa en la planificación y ejecución de la seguridad.